La Junta combate la pobreza con una renta mínima de 420 euros
Desde el pasado 1 de enero la región cuenta con su Renta Mínima de Inserción Social
El plan estrella de la Junta de Andalucía para combatir la pobreza en una de las regiones más desfavorecidas de España es ya una realidad. Desde el pasado 1 de enero, la región cuenta con su Renta Mínima de Inserción Social, una ayuda económica de la que está previsto que se beneficien alrededor de 45.000 familias; unas 120.000 personas que recibirán 200 millones de euros al año; una cuarta parte de los 819 previstos para el periodo 2018-2021.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, detalló los pormenores de la paga, que fue aprobada el pasado curso en un decreto-ley. La ayuda irá acompañada de un «plan de inclusión sociolaboral personalizado» que será elaborado tanto por la Junta de Andalucía como por los servicios sociales del municipio del solicitante en el plazo de un mes desde que se pida.
Doce meses prorrogables
La ayuda consiste en una aportación que oscila entre los 420 y los 780 euros al mes durante 12 meses prorrogables por periodos de seis si persisten las condiciones de la unidad familiar. En el caso de que el beneficiario rubrique un contrato de trabajo de al menos un mes, la ayuda quedará anulada de forma temporal.
La Renta Mínima de Inserción Social cuenta con requisitos y criterios que difieren del también andaluz Ingreso Mínimo de Solidaridad, el cual no incluía a determinados colectivos que ahora sí podrán recibir la ayuda: inmigrantes, mayores de 65 años con menores a su cargo, además de jóvenes de entre 16 y 24 que vivan en circunstancias excepcionales.
Entre las novedades, ha destacado la consejera, está «la unificación de criterios de urgencia o emergencia social», extremo que se determinará en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente en la correspondiente delegación de la Junta. El nuevo modelo, además, da prioridad a las familias con menores de edad, así como las familias monoparentales, discapacitados y a las víctimas de violencia de género.