Núñez investiga el ERE del Estado, clave para acusados en el juicio
La juez ha pedido al Ministerio de Empleo que aclare si sus ayudas se fiscalizaban
La juez María Núñez Bolaños estrecha el cerco sobre el Gobierno central en torno a las ayudas para pólizas de prejubilación que financió a empresas mineras de Huelva bajo la presidencia de José María Aznar. Al mismo tiempo, la instructora del caso ERE ha dictado otro auto por el que excluye a tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía de la pieza separada de la Faja Pirítica de Huelva: el exconsejero de Empleo José Antonio Viera Chacón y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Daniel Alberto Rivera. Los aparta de la causa siguiendo el criterio marcado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que determinó que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política —que engloba todas las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo— no puede ser enjuiciado por cada una de esas ayudas de forma aislada. La novedad radica en que Rivera no está siendo juzgado en la pieza política.
Mediante una providencia, la magistrada reclama al Ministerio de Empleo que amplíe un informe enviado al juzgado de Instrucción 6 de Sevilla dentro de las citadas diligencias donde admitía que tramitaba las solicitudes por el régimen de «concesión directa» fijado en una orden de 1995.
Atendiendo una petición de la Fiscalía, la juez pide al Ejecutivo central que aclare si los expedientes estaban sometidos «a fiscalización y a qué extremos abarcaba la misma», si se ajustaban «a disponibilidad presupuestaria», así como si los beneficiarios justificaban las ayudas. También pregunta al Ministerio si en todos los expedientes «necesariamente debía de constar y constaba solicitud conjunta de la empresa y de los representantes de los trabajadores o, directamente por éstos» y si había una «resolución expresa de concesión de ayudas».
Fiscalización previa
La magistrada trata averiguar si las subvenciones estatales se concedieron siguiendo el modus operandi de los ERE en la Junta, donde se repartieron fondos públicos sin solicitud de las empresas ni expediente, al margen de todo tipo de control o procedimiento reglado. Por este sistema ilícito están siendo juzgados en la Audiencia Provincial de Sevilla 22 ex altos cargos autonómicos, entre ellos los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, replicó que el Ministerio «ha cumplido escrupulosamente» con la La juez María Núñez Bolaños, en su despacho norma que regula estas ayudas extraordinarias para prejubilaciones.
Dos exaltos cargos del Gobierno central, citadas como investigadas por prevaricación y malversación, defendieron ante la juez la legalidad de las ayudas sociolaborales del Estado. La ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Carmen de Miguel García y Soledad Cordova, respectivamente, aseguraron en el juzgado que las solicitudes cumplieron los requisitos de la orden estatal que regula estas ayudas y contemplaba la fiscalización previa de los interventores. La Junta y el Gobierno central sufragaron más de 40 millones para la prejubilación de los mineros. Núñez sigue tirando del hilo de una operación que es clave en el juicio de la pieza política de los ERE. El letrado que representa a Griñán ha pedido como prueba el informe de la Dirección General de Empleo del Ministerio sobre las ayudas concedidas en el período 2001-2011