Nueve empresarios pagaron 1,2 millones en negro al partido

Con la boca pequeña, con timidez, nueve empresarios reconocieron ayer que financiaron de forma irregular tres campañas electorales del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, en la era de Francisco Camps. Todos manifestaron en el juicio oral –el momento de la verdad– que abonaron un total de 1,2 millones de euros a la formación política para sufragar ilegalmente actos de las campañas de los comicios municipales y autonómicos de 2007, y de las generales de 2008.

Los empresarios (Gabriel Alberto Batalla, Enrique Ortiz, Vicente Cotino, Enrique Gimeno, Antonio y Alejandro Pons, Rafael y Tomás Martínez Berna) abrieron el turno de interrogatorios del juicio por la financiación ilegal del PP valenciano, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, entre las fábricas de un polígono industrial. La secuencia se repitió: los empresarios aceptaron los hechos de la acusación leídos por la fiscal, sin aportar explicaciones.

La confesión supone reconocer que asumieron el pago de 1,2 millones en negro que el PP valenciano debía a la empresa Orange Market, la filial valenciana de la Gürtel. Esta firma –controlada por el acusado Álvaro Pérez, alias el «Bigotes»– se encargó de organizar mítines para el partido y de subcontratar la inserción de publicidad en vallas, autobuses o medios, según la Fiscalía. Parte de esos servicios fueron abonados por grupos empresariales bajo facturas falsas. El objetivo era ocultar la identidad de los pagadores, pues no podían hacer donaciones al PP al ser contratistas de la administración pública, y superar el límite permitido para gastos electorales. En total, el PP sufragó con dinero negro de la Gürtel 2,031 millones de euros entre las tres campañas. Las facturas relataron supuestos servicios de Orange Market a favor de estas empresas, unos trabajos que según la Fiscalía Anticorrupción no existieron.

A cambio, los empresarios confesos esquivarán la cárcel. Anticorrupción rebajó su petición a penas inferiores a dos años de prisión y propuso sustituirlas por una multa.