NO PODRÁ INVESTIRSE A UN DELINCUENTE
En Cataluña se está a la espera de un candidato independentista de nueva extracción, sin antecedentes ni horizonte penal en ciernes
PODEMOS no solo se convirtió ayer en el cooperador necesario del independentismo para controlar el nuevo Parlamento catalán, sino que con toda probabilidad avalará en las próximas semanas, por acción o por omisión, la investidura de un presidente de la Generalitat separatista. Pablo Iglesias y Xabier Doménech, responsable de En Comú Podem, ya no esconden ningún reparo en aparecer como palmeros del separatismo, lo que revela el cinismo de las palabras del líder de Podemos el pasado sábado, cuando admitió que se había equivocado de estrategia en Cataluña. Su confusa ambivalencia, una inclinación natural por el derecho a decidir como coartada del soberanismo, y una militancia en Cataluña de profundas convicciones rupturistas han impedido que Ciudadanos pudiera tener una mínima opción de presidir el Parlament. E impedirán en las próximas semanas que Inés Arrimadas pueda albergar opción alguna de alcanzar la Generalitat. Es cierto que Ciudadanos y Podemos son agua y aceite, pero también lo es que Arrimadas no ha hecho siquiera el amago de intentar una negociación política para normalizar el esperpento en que se ha convertido la política en esa autonomía. Es más, Ciudadanos ha vetado expresamente la posibilidad de que el PP pueda disponer de grupo parlamentario propio al negarse a «prestarles» un diputado imprescindible para ello. Es tal la división entre todos los partidos en Cataluña y la radical diferencia de estrategias, que nada va a resultar edificante en el Parlament a corto plazo.
Legalmente, Carles Puigdemont no podrá ser investido presidente mientras siga huido, ni está claro que, más allá del tacticismo oportunista del partido de Oriol Junqueras, ERC lo vaya realmente a consentir. Tensará la cuerda hasta el límite. De hecho, en Cataluña se está a la espera de un candidato independentista de nueva extracción, sin antecedentes ni horizonte penal en ciernes, y con capacidad de maniobra política para reencauzar la acción de Gobierno. Y probablemente, la aparición de ese candidato será un recurso de última hora antes de que tengan que repetirse las elecciones. Pero mientras tanto, Puigdemont, ERC, la CUP y Podemos seguirán convirtiendo cada sesión del Parlament en la enésima gota que colme la paciencia de los catalanes. Gozan de mayoría, pero no de legitimidad para manejar la Mesa a su antojo retorciendo la legalidad. Con seguridad, intentarán mil maniobras para silenciar y humillar al bloque constitucionalista, pero objetivamente son rehenes de su propia debilidad, del artículo 155 de la Constitución y del Código Penal.
A partir de ahora, cualquier anuncio de la candidatura de Puigdemont a la investidura será un mero paripé para cubrir las apariencias de un falso exiliado y de unos inexistentes presos políticos. El Gobierno de Rajoy tendrá la obligación de impugnar y solicitar la anulación de cualquier acto prohibido por la ley que pervierta abusivamente el reglamento de la Cámara para impedir inexorablemente la proclamación de un delincuente.