Las «narcolanchas» de uso privado tienen sus días contados
Se prohibirá su uso y se podrán intervenir incluso si no llevan estupefacientes
El Gobierno aprobó ayer un anteproyecto de ley para prohibir el uso privado sin autorización previa de las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, también conocidas popularmente como «narcolanchas». El objetivo del Ejecutivo es incorporar una nueva herramienta jurídica para luchar contra el narcotráfico y las mafias del contrabando definiendo como «género prohibido» este tipo de embarcaciones, que son las más utilizadas para introducir droga y tabaco ilegal en las costas españolas.
Al término del Consejo de Ministros de ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que, con esta medida, se reforma la Ley Orgánica de Represión del Contrabando para que las autoridades puedan decomisar las embarcaciones con las características de las «narcolanchas» en el momento en que sean localizadas.
Como detalló Montero, en la actualidad es muy complicado actuar contra las «narcolanchas» cuando no son sorprendidas con carga ilícita, pero la nueva norma servirá para que las autoridades puedan recurrir a parámetros objetivos, como las características técnicas de la embarcación o su titularidad, para incautarlas, aunque éstas se encuentren en tierra.
La reforma afectará a las neumáticas y semirrígidas que tengan más de ocho metros de eslora, a las que tengan una longitud inferior pero que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios, y a cualquier otra en el caso de que existan indicios racionales tasados de que pueden ser utilizadas por organizaciones criminales.
La posesión, fabricación, circulación, rehabilitación y comercialización de las mismas constituirá, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones incautadas no supera los 50.000 euros. En el caso de que esta cantidad sea superior, podrá ser considerado un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.
Asimismo, el Gobierno abre la puerta a legalizar aquellas que estén adscritas a la defensa nacional, las extranjeras que se encuentren legalmente en aguas españolas, las de organizaciones internacionales y las que funcionen como auxiliares.
De igual manera, con autorización previa y tras ser inscritas en un registro, también podrán ser utilizadas en labores de salvamento y asistencia marítima y las de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación. En el caso de que cumplan los requisitos establecidos, también podrán registrarse embarcaciones de recreo de uso privado. Con la entrada en vigor de la norma, se abrirá una moratoria de seis meses para regularizar las embarcaciones afectadas.
Idea del PP
La reforma de la ley está encauzada para combatir a los narcos después de que estos hayan recrudecido su actividad en zonas como Campo de Gibraltar y constituye el paso definitivo a una iniciativa que fue puesta en marcha por el Gobierno del PP. El pasado mes de marzo, el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya anunció que el Ejecutivo estaba preparando un real decreto para sacar de circulación las «narcolanchas». Estas embarcaciones son aprovechadas por su rapidez para eludir a los Cuerpos de Seguridad por los narcotraficantes, que hasta cuentan con astilleros propios donde esconden las lanchas.
A pesar de que se busca dar un golpe al narcotráfico, la norma también afectará a embarcaciones de uso recreativo. Las neumáticas son habituales en zonas turísticas de la costa por lo que las empresas de alquiler de barcas con las que ha entrado en contacto ABC se muestran desconcertadas y reconocen que la prohibición sí podría afectarles si no consiguen la autorización correspondiente.
Embarcaciones afectadas Las neumáticas y semirrígidas con más de 8 metros de eslora o una potencia superior a 150 kW