Puigdemont pone al frente de su oficina a su amigo historiador detenido en Alemania
Alay cobrará 99.337 euros al año y está siendo investigado por la Audiencia Nacional
El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) publicó ayer la resolución de la Consejería de la Presidencia por la que se nombra a Josep Lluís Alay «responsable de la Oficina del expresidente Carles Puigdemont». De esta manera, el gobierno catalán presidido por Quim Torra pone en marcha –tras su visto bueno administrativo– la oficina que le corresponde a Puigdemont, en tanto que expresidente autonómico, y que este había solicitado el pasado mes de junio.
Alay se encargará de «dirigir y organizar las tareas de todo el personal» de la oficina, «organizar y controlar los actos, las audiencias, las visitas y los viajes del expresidente», «gestionar y controlar el presupuesto asignado» y «hacer tareas de protocolo y de relaciones con la prensa y los medios de comunicación». Y lo hará cobrando 99.337, 84 euros al año, que es el sueldo bruto correspondiente a los responsables de las oficinas de los expresidentes autonómicos catalanes.
Además, la oficina de Puigdemont contará con tres personas «adscritas», un coche oficial con chófer, «los servicios de seguridad necesarios», y «una dotación presupuestaria para los gastos de la oficina», según consta en el decreto autonómico 195/2003, de 1 de agosto, que dejó preparado Jordi Pujol antes de abandonar la primera línea política.
A lo que sí renunció –al menos de momento– Puigdemont es a cobrar un sueldo como expresidente. Le correspondía el 80 % del sueldo que tuvo como presidente (unos 146.000 euros) y durante un año. Pero, al conseguir su acta de diputado tras las elecciones del 21 de diciembre, con el correspondiente sueldo, optó por renunciar a la prerrogativa de expresidente aunque presumió de haberlo hecho porque se consideraba, todavía, presidente de la Generalitat.
Alay, ayudando en la fuga
Fuentes oficiales de la Generalitat indicaron ayer a ABC que la estructura de la nueva oficina «todavía no está montada» y que «en unos días» se conocerán los detalles. En este sentido, la Generalitat está negociando con el Ministerio del Interior que los Mossos d’Esquadra puedan hacerse cargo desde ya y de manera oficial de la seguridad de Puigdemont, estando este en Alemania o Bélgica. Además, también se confirmó que la sede física de la oficina estará en el Palacio Centelles, que también alberga la sede del Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo sobre la legalidad de las normas que afectan a la Generalitat. Por lo tanto, no habrá coste de alquiler de la oficina.
Aunque, según fuentes del Parlamento catalán consultadas por este diario, no es incompatible mantener el acta de diputado con disfrutar de las prerrogativas de expresidente autonómico, la formación que lidera Inés Arrimadas (Cs) ha pedido un informe jurídico porque consideran que «es ilegal colaborar con un prófugo de la Justicia», apuntan a ABC desde la dirección del partido naranja.
Sin embargo, al margen de la función de una oficina de un expresidente que está fugado de la Justicia española y acusado de rebelión y malversación por parte del Tribunal Supremo, el nombramiento de Alay tiene una derivada política clara ya que este era uno de los acompañantes de Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Alay es una de las personas de la máxima confianza del expresidente autonómico y, actualmente, está siendo investigado en la Audiencia Nacional, precisamente por presuntamente colaborar con un fugado de la Justicia.
Oficinas de expresidentes
Con la activación de la oficina de Puigdemont, la Generalitat asumirá el coste de cuatro estructuras administrativas correspondientes a cada uno de los expresidentes autonómicos, menos Jordi Pujol –quien renunció a la oficina y al sueldo en 2014, tras confesar que había defraudado a Hacienda durante años–.
Así, según datos oficiales de 2017 –último año cerrado presupuestariamente– Artur Mas cobró 117.540,64 euros y su oficina (en el Palau Robert y de titularidad pública) tuvo un gasto de 54.266,26 euros; la oficina de José Montilla (en la avenida Diagonal, con un alquiler de 96.281,83 euros al año) destinó 42.604,4 euros y el exlíder del PSC no cobró de la Generalitat ya que es senador de designación autonómica; y Pasqual Maragall cobró 88.155,48, como pensión vitalicia (el 60 % del sueldo que tuvo como presidente de la Generalitat) y su oficina (en la calle Brusi, con un alquiler de 12.072,47 euros al año) tuvo un coste de 30.301,64 euros.
Informe Cs ha pedido un informe al considerar que «es ilegal colaborar con un prófugo de la Justicia»