Torrent se arriesga a ser inhabilitado si desobedece al juez Llarena
El presidente del Parlamento catalán recibe la notificación del auto de suspensión
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC), ya tiene sobre su mesa la notificación del juez Pablo Llarena, magistrado instructor del Tribunal Supremo en la «causa especial» que investiga a los exlíderes independentistas que intentaron subvertir el orden constitucional, ordenándole suspender a los afectados en el proceso judicial (seis) con acta de diputado autonómico. Ayer le llegó por correo certificado.
De esta manera, Torrent ya sabe que se juega la inhabilitación si hace caso omiso al auto judicial. Así lo asegura Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que en declaraciones a ABC señala que: «En caso de que Torrent incumpla el auto se consideraría una desobediencia, que es un delito castigado con la inhabilitación para cargo público».
«No hay automatismos»
De todas formas, si el presidente parlamentario optase por este camino –similar al que protagonizó su antecesora, Carme Forcadell, actualmente en prisión preventiva por este motivo– «se tendría que sustanciar la denuncia, se tendría que juzgar y, en su caso, condenar». Freixes recuerda que «no hay automatismos». Y aunque lo lógico sería que la Fiscalía actuase por iniciativa propia, también podría atender la demanda de quien «se considere legitimado para ello», que bastaría, por ejemplo, con un diputado de la cámara catalana. Es de este parecer también el abogado penalista Miquel Capuz, consultado ayer por este diario sobre esta cuestión.
El auto del magistrado Llarena hace referencia al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado «con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», el procesado que ostente un cargo público quedará «automáticamente suspendido» en su ejercicio mientras dure la situación de prisión.
Los seis afectados por esta decisión son Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez, en prisión preventiva, y Carles Puigdemont, declarado por Llarena en rebeldía ya que sigue fugado de la Justicia,
ahora en Alemania y antes en Bélgica. Toni Comín (fugado en Bélgica), el séptimo de los encausados con acta de diputado, está pendiente de que se resuelva su situación, previa a un recurso ante la decisión del magistrado que ayer no había presentado.
De momento, Torrent está a la espera de que los letrados del Parlamento catalán indiquen cómo aplicar el auto (que también señala que la suspensión de los seis diputados permite que no afecte a las mayorías parlamentarias). En este sentido, tras conocer la notificación entregada ayer, Lorena Roldán (Cs) volvió a exigir a Torrent que haga efectiva la suspensión automática de los diputados.