Las defensas de los presos descartan un pacto con la Fiscalía

Desde el entorno independentista hace días que se intenta presionar para evitar que sus líderes encarcelados negocien un pacto con la Fiscalía con el que rebajar sus penas de prisión a cambio de reconocer los delitos. Ayer, en una rueda de prensa conjunta, los abogados de los nueve presos esgrimieron razones jurídicas para tratar de convencer de que un acuerdo de este tipo sería «absurdo».

No es «ni posible ni deseable», aseguró Xavier Melero, abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Los delitos de rebelión y sedición tienen aparejadas penas de prisión tan altas –entre 15 y 25 años en el primer caso, y hasta 15 en el segundo– que no tendría sentido buscar una pequeña rebaja y sería mejor que la cuestión se dirima en juicio. Tampoco lo verían factible en cuanto al delito de malversación porque las cantidades a devolver serían desorbitadas. «Condenaría a mis representados a la ruina perpetua y segura. Es un horizonte absurdo», añadió el letrado. Y, en el caso del delito de desobediencia también sería «inimaginable» el acuerdo. No tendría ninguna lógica pues la condena se limitaría a una simple inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, como en el caso está personada una acusación particular –el partido Vox–, el tribunal podría agarrarse a la petición de pena que éstos pidan y no a la de un hipotético pacto con la Fiscalía.

Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, esgrimió otra razón para descartar la posibilidad de un pacto. Les impediría recurrir una sentencia condenatoria ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. En el caso de este letrado, se intención es llegar llegar a esa instancia «aunque sea por una condena de multa».