«Hace falta armonizar los delitos en el espacio europeo»
Tres expertos juristas cuestionan la decisión del tribunal alemán en el caso de Puigdemont Según Rodríguez Padrón, el tribunal alemán no tiene capacidades para juzgar si hubo o no violencia La rebelión en España es similar al artículo del código penal ger
La Audiencia territorial de SchleswigHolstein, región en la que reside el prófugo soberanista Carles Puigdemont, ha decretado su entrega inmediata a España. El fallo resuelve que sea a raíz de un delito de malversación, pero no contempla la doble incriminación con el cargo de rebelión como pedía el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. «La cantidad de violencia que prevé el delito de alta traición –equivalente alemán al de rebelión– no se alcanzó en los enfrentamientos en España», aclara el comunicado del tribunal. Una decisión que los expertos juristas consultados por ABC ven «extralimitada» ya que Alemania no debería entrar al fondo del asunto.
Dos de ellos explican que esto no significa que la Justicia alemana intente anular la petición registrada por Llarena ni rebusquen un subterfugio para Puigdemont. Así lo entiende Julio Muerza, Catedrático en Derecho Procesal Penal en la Universidad de Navarra (UNAV), que reconoce que «el problema es que la tipificación de los delitos cambia porque sus descripciones varían en cada país». Por ello, el catedrático considera que «hace falta una modificación para que el concepto de delito sea el mismo en cada Estado». Y, añade, que en el supuesto de que la definición de un delito no sea la misma en un Estado que en otro «no puede servir para estrangular un procedicimiento de tanto calado» como es la instrucción del «procés».
«Reducto de soberanía»
También Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, comparte esta misma necesidad de «armonizar» los crímenes en el espacio europeo. «Hay un cierto miedo a establecer una especie de catálogo de delitos comunes en el marco de la Unión Europea (UE)», declara el profesor a este diario. Y es esa «divergencia» en cuanto al modo de entender las figuras delictivas, sostiene Cortés, la responsable de que se llegue a respuestas como la del tribunal de Schleswig-Holstein. Muerza considera que este recelo es consecuencia de que «los códigos penales son el único reducto de soberanía que tienen los estados miembros» que no quieren ver sus competencias afectadas.
«Si Puigdemont se ha ido allí es porque hay países especialmente golosos para este tipo de delincuentes y eso es peligroso», advierte Cortés, que asegura
que estas carencias en torno a las euroórdenes siempre han alentado el movimiento fronterizo. Y, a modo de ejemplo, cita el caso de Luis Roldán, exdirector de la Guardia Civil, que en 1995 fue capturado en Laos tras huir de la justicia española.
Sin embargo, no opina lo mismo Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que asevera que es «impensable que existan códigos penales comunes en la UE porque cada país
tiene una historia determinada».
Rodríguez Padrón, que ha cursado órdenes de detención con Alemania desde la Audiencia Provincial de Madrid, explica que para una entrega mediante este sistema es necesario que se haya cometido alguno de los 32 delitos incluidos dentro de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales o que se de el principio de doble incriminación –lo que ha intentado Llarena– en el que una misma vulneración coincide en ambos
países. Eso sí, asegura que el texto de la euroorden no exige que los delitos aparezcan redactados en sendos códigos penales de forma exacta.
En este contexto, según explica el juez de la Audiencia Provincial de Madrid, la figura del delito de rebelión en España tiene coincidencia enorme con el Artículo 81 del códido penal alemán que prevé el delito de alta traición. Por ello, insiste, era más que suficiente para que se realizara la entrega, pero el problema es que los jueces de Schleswig-Holstein «actuaron como tribunal de enjuiciamiento avanzando una posicion que no les corresponde».
Con este escenario, Llarena puede no aceptar el fallo por considerar que la entrega no se ajusta a lo que dictó y retirar la euroorden. Así, el proceso quedaría paralizado y Puigdemont libre en Alemania ya que la justicia germana no tiene competencias para juzgarle. «Solo puedo calificarlo como un rotundo fracaso del sistema diseñado para la euroorden», protesta en ABC el magistrado, que denuncia que el órgano germano se está «extralimitando de lleno» al juzgar si hubo o no violencia. «Entra en un análisis de tipicidad, una funcion que no le corresponde, y quiebra el principio de confianza entre Estados», añade. Lo mismo lamenta Emilio Cortés: «Tiene que limitarse a no favorecer a un señor que busca su impunidad en otro país».