El Gobierno defiende el papel del espacio Schengen y la «eficacia» de la euroorden
Rechaza reformar el delito de rebelión, como planteó Sánchez en la oposición
«Ponerlo en cuestión supone alinearse con posiciones europeas que no compartimos»
«El Gobierno no comparte las dudas sobre la eficacia de la euroorden; podemos afirmar nuestro respeto a la misma»
El Gobierno defiende el papel del espacio Schengen «en todos los sentidos» y también el papel de la euroorden como instrumento de cooperación entre Estados, pese a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a España a Carles Puigdemont solo por malversación y no por el delito de rebelión.
Sobre la decisión judicial, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, manifestó el «respeto más absoluto» del Ejecutivo a las decisiones judiciales, asegurando que la cuestión no se debatió en el Consejo de Ministros.
Después de que desde el PP se haya puesto en cuestión la vigencia del espacio Schengen tras esta decisión, la portavoz distanció al Gobierno de esas manifestaciones, y acusó al PP de asemejarse con las políticas de fuerzas antieuropeas: «Poner en cuestión Schengen es alinearse con posiciones europeas que no compartimos». Desde el PP fueron Esteban González Pons, portavoz en el Parlamento Europeo, y Pablo Casado, candidato a la presidencia, quienes plantearon dudas sobre Schengen tras esta sentencia. «Nosotros defendemos ese tratado de libre circulación, sobre todo de personas».
Tampoco quiso ahondar la portavoz en si es necesario abrir un debate sobre la articulación de la euroorden. «El Gobierno no comparte las dudas que se han manifestado sobre la eficacia de la euroorden; solo podemos afirmar nuestro respeto a la misma». En la víspera, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había expresado la necesidad de «reflexionar» si lo que se está produciendo es que se está beneficiando a la persona que huye en detrimento de la persona que asume sus responsabilidades judiciales.
El Gobierno no quiere remover más
la cuestión, insistiendo en mantener respecto a la cuestión catalana su discurso de distensión. Celaá defendió como «un paso muy importante» la reunión celebrada el pasado lunes entre Pedro Sánchez y Quim Torra. «Estamos desbloqueando y normalizando relaciones. Es un servicio a Cataluña y España. Estamos haciendo política».
Ese hacer política supone en muchos aspectos no proceder del modo en el que había anunciado en la oposición. Una de las últimas propuestas de Sánchez antes de llegar a La Moncloa fue la de actualizar el delito de rebelión en el Código Penal, interpretando que actualmente está vinculado a golpes militares «porque hay que defender el bien jurídico que es la Constitución de los responsables políticos que, utilizando sus cargos, la violan». Ayer se hizo el silencio y se intentó eludir la cuestión al preguntar a la portavoz si el Gobierno defiende esa medida: «no se ha debatido en el Consejo de Ministros», dijo.
Estado y Generalitat
El Gobierno completó ayer los integrantes que por su parte formarán parte de la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, que se espera que pueda reunirse antes de agosto. La presidirá la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, acompañada de los secretarios de Estado de Política Territorial, Hacienda, Infraestructuras, Relaciones con las Cortes, además de la Delegada del Gobierno en Cataluña.