Díaz asegura que el procedimiento de pago es legal
El delegado firmó el abono de 2,3 millones sin el visto bueno oficial
El delegado de Economía y Hacienda de Bormujos, Rafael Díaz, no quiso atender ayer la llamada de este periódico para solicitar su versión sobre las facturas que pagó el Ayuntamiento al exdirector general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, y varias personas más en contra del criterio del interventor ni sobre las contrataciones sucesivas al que fuera responsable de la lonja cuando saltó el escándalo. Tampoco aclaró su relación de parentesco con Susana Díaz. El delegado rechazó dar explicaciones y se limitó a enviar a este periódico, a través del gabinete de comunicación municipal, su versión sobre las facturas que ordenó pagar: «Los reparos de las facturas son todos procedimentales, ninguno suspensivo. Y se han levantado sin problema ninguno, conforme establece el procedimiento administrativo. Igual que ocurre en el 99% de los ayuntamientos de este país».
La Ley Reguladora de Haciendas Locales es muy clara al explicar que sólo el presidente de la entidad municipal, es decir, el alcalde, tiene potestad para levantar un reparo del interventor. El delegado de Hacienda no es competente para eso. Sin embargo, este periódico tiene en su poder decenas de justificaciones para quitarle el reparo a las facturas que firmó Díaz. En total, este concejal dio permiso en 2019 para abonar un total de 1.001.344,56 euros a distintas personas sin el visto bueno del interventor, mientras que en 2020 la cantidad ascenció a 1.244.432,78 euros. Este es un procedimiento muy habitual en los ayuntamientos, como explica el delegado a través de su gabinete de prensa, pero sólo los alcaldes pueden hacerlo legalmente. En total, Díaz ha aprobado el pago de al menos 2.345.776 euros con un procedimiento que podría ser irregular.