La Junta tramita la limitación del mandato del gobierno a 8 años
Marín quiere pactar la ley con la oposición y que el Parlamento la apruebe este año
El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), inició ayer los contactos con los grupos parlamentarios con el objetivo de aprobar una proposición de ley que limite los mandatos del presidente y sus consejeros. A grandes rasgos, la iniciativa que ha puesto sobre la mesa impide a los principales altos cargos del Ejecutivo regional encadenar más de dos legislaturas consecutivas (ochos años), una medida de regeneración democrática recogida en los acuerdos del pacto de gobierno firmado entre el PP y Cs para desalojar de la Junta al PSOE tras casi 37 años de poder ininterrumpido. El bipartito andaluz quiere que la limitación legal sea consensuada con los grupos parlamentarios (PSOE, Vox y Adelante Andalucía). «Es una cuestión que el Gobierno podía llevar a cabo sin contar con la oposición», pero ha optado por una vía que es más lenta, con la idea de reunir el máximo de apoyos, explicó Marín al término de la primera ronda de encuentros. El trámite de una ley puede tardar 16 meses.
El vicepresidente se muestra optimista y, a preguntas de los periodistas, estimó que «al final de este año 2021 pudiera estar su tramitación y aprobación definitiva». Existe un camino burocrático más rápido, pero que requiere la unanimidad: el procedimiento de lectura única, en el que no caben enmiendas. La actual polarización política, con la pandemia como telón de fondo, aleja esta hipótesis. En la Junta han activado ya la hoja de ruta, pero tampoco hay prisas. Si la lectura única no prospera, como es previsible, el siguiente paso será que algún grupo —Ciudadanos, PP o ambos de manera conjunta— registre la proposición en la Cámara autonómica. Y a partir de ahí se pondría a cero el contador.
Sea como fuere, la norma no puede tener carácter retroactivo, con lo que no se aplicaría para esta legislatura. Por tanto, a partir de la siguiente, tanto Juanma Moreno como el propio Marín y el resto de consejeros podrían estar como máximo ocho años de mandato. No obstante, según la letra pequeña del texto que propone el Gobierno, «los consejeros podrían interrumpir durante cuatro meses» su mandato y una vez transcurrido este paréntesis podrían «ser nombrados otra vez consejeros de la Junta», detalló el vicepresidente. No es la primera vez que este asunto llega al Parlamento. El PP ya presentó en la pasada legislatura, cuando gobernaba
Susana Díaz, una proposición de ley para poner fechas de caducidad a la presidenta, pero «el PSOE la dejó dormir en los cajones», advirtió.
En el encuentro con los portavoces, Marín ha trasladado dos iniciativas más: una norma que va a regular el acceso de los directivos de los entes intrumentales de la Junta y el proyecto de la Oficina Antifraude, que llegará en febrero al Parlamento. Respecto de la eliminación de los aforamientos de los miembros del gobierno y diputados, indicó que está en manos de la Comisión del Diputado reactivarla.
El debate no despierta ningún entusiasmo en la oposición. El portavoz del Grupo Socialista, José Fiscal, reprochó al Gobierno de la Junta que plantee ahora cuestiones que «en absoluto preocupan a la ciudadanía», cuando «debiera estar» actualmente «al cien por cien pendiente de la gestión de la pandemia». La portavoz de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, consideró «inaudito y fuera de lugar» que se les convocara con «urgencia» para hablar de «formalismos legislativos» con «la que está cayendo».
El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, negó ayer que el Ejecutivo andaluz vaya a adelantar las elecciones autonómicas para hacerla coincidir con los congresos del PSOE. Bendodo explicó que el Gobierno de PP y Cs goza de «estabilidad» y que los comicios serán «cuando toca», en 2022. Bendodo indicó que las especulaciones sobre un adelanto electoral son «ruido» del PSOE y que la «casa de los líos» en la que ha convertido sus primarias no alterará la estabilidad andaluza.
Bendodo y el adelanto electoral