El Gobierno eludió un requisito para agilizar su ley de Memoria Histórica
La memoria de impacto de la nueva norma está fechada casi dos meses después de lo que debería
l Gobierno se saltó un trámite obligatorio en la fase inicial del proceso normativo que desembocará en la nueva ley de Memoria Histórica. Al menos eso se puede extraer del análisis de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) del anteproyecto de ley de Memoria Democrática. Este documento está fechado el día 10 de noviembre de 2020, mientras que el Consejo de Ministros dio luz verde a la tramitación de esta nueva norma el 15 de septiembre pasado. En ese momento, según la ley que rige esta materia, el ministerio encabezado por Carmen Calvo debería haber tenido elaborada dicha memoria antes de llevar el plan legislativo a La Moncloa.
La MAIN es un dosier que sirve para examinar, antes de aprobar cualquier ley, todas las implicaciones, tanto económicas, como sociales o legislativas, que un nuevo proyecto normativo podría llevar aparejado. También recoge las aportaciones realizadas por la ciudadanía en una consulta previa. Corre a cargo del ministerio que proponga cada anteproyecto y, como deja claro la ley 50/1997, de 27 de noviembre, debe estar elaborado con anterioridad a que el anteproyecto sea remitido al Consejo de Ministros para su primera evaluación. Esta ley marca el procedimiento que debe seguir la Administración al intentar sacar adelante un anteproyecto normativo.
EObligatorio
En el artículo 26, punto 3, la ley especifica la obligatoriedad de la elaboración «con carácter preceptivo» de la MAIN. En su punto cuarto, la ley expone el siguiente paso para tramitar un anteproyecto, que no se puede dar si dicha memoria no está elaborada. «Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros». Es decir, el anteproyecto no puede ser remitido al Consejo de Ministros sin antes haber elaborado la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
En este caso, la vicepresidenta Calvo anunció el pasado 15 de septiembre que el Consejo había aprobado el anteproyecto en su primera lectura. No obstante, el gabinete de Memoria Democrática fecha a día 10 de noviembre la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, casi dos meses después. Así figura en el Portal de Transparencia, donde el ministerio publicó este documen
La ley que rige los anteproyectos de ley establece un sistema por etapas en el que no se puede avanzar de fase si no se cumple con lo exigido anteriormente
La Memoria de Análisis de Impacto Normativo recoge las consecuencias en diversos planos, como el económico o el legal, que podría tener la nueva ley
to antes de afrontar el trámite de audiencia pública, la segunda ocasión en que el proyecto se abre al escrutinio de ciudadanos y asociaciones tras la consulta previa del verano.
ABC ha preguntado al departamento de la vicepresidenta primera por este desajuste en las fechas. Fuentes oficiales rechazan cualquier desfase y señalan que la tramitación se está desarrollando en tiempo y forma. La explicación del gabinete a que en el documento figure el 10 de noviembre y no una fecha anterior a la primera lectura del anteproyecto –15 de septiembre– es que esa fecha, pese a encontrarse en el cuerpo de la memoria, se corresponde con el momento en el que se subió el documento en formato pdf a internet.
A posteriori
Las fuentes jurídicas consultadas por ABC coinciden al señalar que el desfase entre ambas fechas es un hecho objetivo y que, al tratarse de la única fecha existente en este documento oficial, hace referencia al momento en el que fue elaborado, al contrario de lo que manifiesta el Gobierno. Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia, también hace referencia, al ser consultado por este diario, a que se trata de la única fecha que