El banco de ADN y el censo de víctimas costarán un millón
El Ejecutivo quiere dar 100.000 euros para los gastos de un Consejo de Memoria Democrática En euros
figura en el documento oficial, por lo que es la que determina cuándo se ha elaborado. Además, en este caso el dato es relevante para poder comprobar si se cumple con el procedimiento por etapas que estipula la ley.
No obstante, las fuentes consultadas matizan que el carácter garantista de la norma permitiría, al menos en su interpretación más práctica, que el Gobierno pudiera enmendar su falta con posterioridad antes de que el texto del anteproyecto regresara al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. De hecho, el gabinete de la vicepresidente fue precisamente lo que hizo, puesto que la MAIN fue publicada ese 10 de noviembre.
Blanes coincide en el diagnóstico y subraya que esta situación «podría ser considerada una irregularidad formal no invalidante». Esto se debe, como desgrana, a que, aunque los tiempos que marca la ley no se han respetado, «seguramente un juez no anularía el procedimiento porque, aunque haya sido con posterioridad, sí que han subido una memoria que cumple con los requisitos que expone la ley aunque sea de forma genérica». Blanes, en este punto, distingue entre la primera y segunda lectura que el Consejo de Ministros debe hacer de este anteproyecto: «La primera decisión es de trámite, ya que con ella se inicia el procedimiento. No obstante, es cierto que la memoria debería haber estado. Pero la segunda es la que bendice definitivamente el proyecto y en este momento sí que se debe contar con todos los documentos sin ninguna salvedad».
Puntal ideológico
El experto añade también que la infracción hubiera sido mucho más grave si el documento no hubiera estado elaborado con anterioridad al proceso de audiencia pública. Según figura en el apartado de Transparencia del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la audiencia pública, en la que se pregunta directamente a asociaciones y colectivos relacionados o afectados por la nueva ley, se realizó entre el 11 de noviembre y el 3 de diciembre del pasado año. Arrancó justo un día después de la fecha que figura en la memoria. Un plazo algo justo pero, con la ley en la mano, suficiente.
La nueva ley de Memoria Histórica, que el Gobierno ha bautizado de Memoria Democrática, es una de los puntos fuertes dentro del programa ideológico del Ejecutivo y en La Moncloa, como publicó este diario recientemente, esperan que salga adelante en el primer semestre del año. Sin embargo, y como llevan denunciando desde hace mucho tiempo los familiares de víctimas de la guerra civil o el franquismo ante la falta de resultados tangibles, parece que la ley es una de esas banderas que enarbola el Gobierno de forma recurrente cada vez que necesita reforzar su posición. Anunciar el inicio de la tramitación de una norma tan sensible con desajustes de fechas en documentos como la MAIN parece un eslabón más en esta cadena.
El Gobierno logró sacar adelante sus Presupuestos para el año 2021. Este plan reserva 11,3 millones a las partidas relacionadas con la Memoria Histórica y el destino de estos fondos, a falta de que se vayan anunciando los planes concretos, ya se puede intuir al revisar la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de la nueva ley, que todavía se tramita.
Este documento examina las repercusiones de la norma en distintos ámbitos y uno es el económico. Ahí, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática avanza algunos proyectos relacionados con la nueva ley que, en caso de que salga adelante, necesitarán parte de la asignación consignada en los Presupuestos.
Entre las partidas de mayor volumen figuran los 600.000 euros que desde el gabinete que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, estiman que será necesario gastar en la creación de un censo de víctimas. También avanzan que un banco de ADN de la Guerra Civil y el franquismo tendría un coste de entre 300.000 y 500.000 euros.
Pensiones
Al margen de estas medidas recogidas en la MAIN de la nueva ley, que sustituiría la de Memoria Histórica que en 2007 impulsó José Luis Rodríguez Zapatero, hay otras de menor cuantía pero que también llevarán aparejada una inversión de dinero público. Según expone la memoria, «la creación de un Inventario de Lugares de Memoria Democrática (...) estaría dotada con un presupuesto de 50.000 euros». Además también está previsto «un importe de 100.000 euros para gastos de funcionamiento del Consejo de Memoria Democrática y la elaboración de los informes y estudios que prevé el anteproyecto», como se puede leer también en el apartado en el que se analiza el coste de la nueva ley.
Más allá de las instituciones que se crearán si el Ejecutivo logra sacar adelante esta norma, en La Moncloa también tienen prevista una línea de pensiones e indemnizaciones para víctimas de la guerra civil y el franquismo. El gabinete de Memoria Democrática distingue tres tipos: pensiones de orfandad, indemnizaciones por haber sido encarcelado y para presos sociales. Estas dos últimas pueden llegar a superar los 12.000 euros.