Las cárceles catalanas retan al Supremo con otro tercer grado
La Fiscalía califica de «choteo» que un mes después del veto del TS vuelvan a pedirlo
y compañía podrían participar en la campaña autonómica si el Gobierno les concede el indulto parcial que rebajaría su pena de prisión. Aunque la ley que regula esta medida de gracia exceptúa del perdón la inhabilitación para cargo público y, por tanto, en teoría no podrían ejercerlo, estando en libertad no tendrían obstáculo alguno para integrar los actos políticos de sus partidos, que es una de las reivindicaciones tanto de los independentistas como de Podemos. Pero incluso aunque la ley lo prohíba, llegado el caso el Ejecutivo podría forzar la maquinaria y conmutar esa inhabilitación por otro tipo de pena. No sería la primera vez que se hace. Hay sendos precedentes durante los gobiernos de Aznar y Zapatero, con el juez Gómez de Liaño y el banquero Sáez, respectivamente. A este último el Gobierno socialista hasta le canceló los antecedentes penales en una decisión que luego sería revocada por la Sala Tercera del Supremo.
No hay plazos
En este momento los expedientes de indulto están sobre la mesa de la Sala Segunda del Supremo, que todavía tiene que dar traslado a la Abogacía del Estado para que informe sobre los mismos. Después el propio Tribunal tiene que hacer lo mismo y remitir todos los informes al Gobierno. Para eso no hay plazos ni tampoco una urgencia excepcional, pues no se trata de un asunto de tramitación preferente como sí lo son los que implican a presos preventivos. La única limitación que tendrá el Gobierno a la hora de conceder el indulto es que si el informe del tribunal del «procés» es, como se espera, desfavorable, el Ejecutivo sólo podrá conceder un indulto parcial y no total, pues la ley lo prohíbe. En el primer Consejo de Ministros del año se dieron dos indultos por condenas relativas a un delito de lesiones y otro contra la salud pública.
Un mes después de que el Supremo tumbase el tercer grado que la Generalitat concedió a los nueve líderes presos, las cárceles catalanas han vuelto a proponer su «semilibertad». Esto es, que solo pisen la prisión para dormir de lunes a jueves. La Fiscalía, que había presentado los recursos que acabaron anulando aquellos terceros grados, tildó ayer de «choteo» la nueva propuesta de las prisiones, que deberá ser avalada por la Generalitat, algo que ya se da por hecho.
Las juntas de tratamiento de las cárceles donde cumplen penas de hasta 13 años de cárcel por sedición se reunieron ayer simultáneamente para revisar la clasificación de los nueve presos. Estaban obligados, al haber transcurrido seis meses, el máximo legal, desde la última revisión clasificatoria del pasado mes de julio, cuando decidieron los terceros grados que luego el Supremo acabó tumbando. Ahora, el veredicto ha sido el mismo.
Lo anunció el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó. Dijo que los técnicos pusieron en un lado de la «balanza» la resolución del Supremo, y en el otro, que los nueve presos cumplirán en febrero la cuarta parte de su condena, además de que han pasado seis
Un escenario que se repite La Fiscalía se prepara por si la Generalitat los avala: «Habrá que endurecer el tono de los recursos»
meses desde la última revisión. El Supremo había basado su veto en la mínima parte de la pena cumplida y en que no se sometieron a tratamientos específicos para el delito de sedición.
Aquellas resoluciones en las que el Supremo resolvía los recursos de la Fiscalía –contra la semilibertad que sí habían avalado los jueces de vigilancia penitenciaria– contenían duros reproches a los técnicos de las cárceles. Pese a ello, han vuelto a proponer el tercer grado, aunque sin tanta contundencia. Si en julio optaron por la semilibertad para todos por unanimidad, ahora solo ha sido así en el caso de los «Jordis» y de la exconsejera Bassa. El resto se han aprobado por mayoría pero sin unanimidad. De confirmarlos la Generalitat, los fiscales no se quedarán quietos. «Habrá que endurecer el tono de los recursos», dijeron a Ep. De los primeros terceros grados, en la práctica, solo se beneficiaron unos meses Bassa y Forcadell. Los del resto quedaron en verano suspendidos en espera del veto definitivo, que llegó en diciembre.