19.541 euros
El contrato, en cifras
Este es el importe máximo del contrato anual aprobado por el Gobierno para maquillaje y peluquería de sus miembros y altos cargos. accedido ABC, «estos actos podrán ser del presidente, la vicepresidenta, la portavoz u otros miembros del Gobierno», así como de autoridades o altos cargos nacionales, dignatarios extranjeros y otros que por su interés decida la Secretaría de Estado de Comunicación. En el contrato se establece que «la prestación incluirá un servicio semanal, con carácter general los martes», que es cuando se celebra el Consejo de Ministros y la rueda de prensa posterior, y que, si se estima conveniente, podría incluirse «una sesión posterior a la finalización de la intervención pública». Se entiende que para la retirada del maquillaje.
Entre otros requisitos, el Gobierno exigía a quienes optaran a este contrato que acreditaran «mediante declaración responsable experiencia previa de al menos cuatros años» y en el ámbito audiovisual «específicamente en programas de televisión o en asistencia a personalidades, altos cargos o directivos en sus comparecencias en Televisión». Además, pedía que se señalara el «programa, productora, cadena de televisión y fechas» en los que se había trabajado.
El contrato también establecía que se adjudicaría «a la oferta económicamente más ventajosa, teniéndose en cuenta únicamente el criterio del precio». Al contrato optaron tres empresas: Acicala, Retok Studio SL y Ana Renedo, una maquilladora y peluquera que viene prestando sus servicios al Gobierno desde 2017, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Curiosamente, esta última profesional, especialista en maquillaje para cine, televisión e, incluso, para videoconferencias, presentó una oferta que fue considerada desproporcionadamente baja por la Mesa de Contratación el pasado 14 de diciembre y se le pidieron explicaciones por ello. Ana Renedo ofrecía sus servicios por 140 euros en Madrid y 180 fuera de Madrid.
Cosméticos gratuitos
Entre otras razones, Ana Renedo argumentó que la inversión ya estaba amortizada, que había decidido reducir su margen de beneficio, que había hecho un descuento de solo el 6,7 por ciento respecto al precio facturado con anterioridad (desde 2017 cobraba 150 euros por sesión) y que, además, utilizaba muestras o productos cosméticos que le aportaban gratuitamente las empresas. La Secretaría de Estado de Comunicación dio «por válida la explicación» y consideró que su oferta era «seria y razonable», y la Mesa de Contratación propuso que se le adjudicara a ella el contrato, aunque se le dio un plazo para que presentara una documentación requerida, algo que finalmente recibió el visto bueno de la Mesa el pasado martes.
Entre otros documentos, a la maquilladora elegida se le ha exigido que firme una declaración en la que se compromete a mantener «absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato o información a la que pueda tener acceso» «aún después de haberse extinguido la relación contractual».