LOS ERTE... ¡MI TESOROOOOO!
En algún momento habrá que darle una vuelta no solo al uso sino al abuso y no perder la «T»
L Afigura de los ERTE –expedientes de regulación temporal de empleo– no es nueva a pesar del adanismo mostrado por el Gobierno Sánchez cuando habla de ellos –¡mi tesoroooooooooo!–. Ni siquiera son propiedad intelectual del anterior Ejecutivo. Aparecen recogidos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y existen desde hace décadas. Sí, sí, tal cual, pero cuando no se hace uso de las leyes en demasía y no se cacarea hasta límites insospechados cuando se tira de ellos, nadie se percata del manoseo que sufren. Para no remontarnos a tiempos inmemoriales, bajo la anterior crisis, tanto en la reforma de 2010 de Zapatero como en la de 2012 de Rajoy se introdujeron cambios en ellos para adaptarlos a los nuevos tiempos, hasta modificarlos a día de hoy para poder abordar la situación creada por el Covid-19.
Antes de la pandemia, existían los ERTE por fuerza mayor y los ERTE ETOP (por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción). Sin embargo, el 17 de marzo de 2020, con España en estado de alarma, el Gobierno aprobaba un real decreto ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del virus con nombre de mascota baloncestista y en él establecía medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. La clave aún hoy.
Ahora bien, dicen los que saben de la materia, basándose en la experiencia global, que los ERTE nacen y se ponen en marcha con fecha de caducidad y que no cumplen su verdadera función si se alargan en el tiempo. Coinciden los expertos en que su eficacia para mantener el empleo es tanto mayor cuanto menor sea la duración de la perturbación negativa que los ocasiona y cuanto mayores sean los costes asociados a un ajuste alternativo por la vía de la creación y destrucción de empleo y de empresas... y ya llevamos casi un año tirando de ellos.
Los empresarios plantearon a Gobierno y sindicatos la posibilidad de flexibilizar la cláusula de salvaguarda que prohíbe despedir, pero ni unos ni otros se lo compraron. No tiran la toalla, porque el coste que les está acarreando no ajustar el empleo a la actividad que recuperan algunos o a los planes de futuro de otros les asfixia cada vez más, pero han dado un paso al lado y, de momento, tragan. Es difícil saber si sectores muy perjudicados por el Covid –como hostelería o turismo, con un gran peso en el empleo en España–, se verán afectados de forma duradera, al menos mientras no exista un tratamiento eficaz o una vacuna contra la enfermedad, pero urge darle una vuelta no solo al uso sino al abuso de los ERTE. El objetivo, no perder la «T» que los sustenta como herramienta perfecta para la supervivencia de empleados y empleadores aunque sí dejarlos aparcados. Entonces significará que la recuperación está aquí.
Defender el interés público es prioritario, en efecto, pero prescindir de la ayuda privada por ser privada no es defenderlo sino atacarlo
E Nel momento en que escribo estas líneas, el ritmo de vacunación parece acelerarse pero muchas comunidades autónomas están lejos de los porcentajes máximos de administración en los que podrían estar aún guardando una reserva estratégica para la segunda dosis, en caso de que se produjeran problemas de suministro. Pero en cualquier caso lo que llama realmente la atención es que se afronte una campaña que es de emergencia nacional, y que es de absoluta excepcionalidad, con los recursos habituales del propio sistema, sin tocar en absoluto el statuquo y sin atender aquel axioma que dice que a situaciones excepcionales es necesario responder con medidas excepcionales.
Mientras la tercera ola avanza disparando la cifra de contagios y pacientes necesitados de cuidados en la UCI, la reacción de los gobiernos autonómicos, algunos más que otros, por no decir el Gobierno nacional, es la de tomárselo con calma y sobre todo sin planificación excepcional. Resulta difícil de entender para el ciudadano de a pie que en todo este tiempo en el que hemos estado aguardando la llegada de la vacuna no se haya podido preparar una programación para la utilización de todos los recursos públicos y privados disponibles en lo que debiera ser el primer gran empeño colectivo de las administraciones públicas y de la sociedad española.
Igualmente echamos en falta una movilización profesional, esto es, una llamada para estas funciones a todos los colectivos profesionales dispuestos a colaborar. En este mismo espacio he leído que los farmacéuticos se han ofrecido para administrar la vacuna de forma gratuita, sin que su ofrecimiento haya sido atendido a pesar de su preparación y vocación sanitaria y a pesar de la ventaja añadida de contar con una red de oficinas de farmacia cercanas al ciudadano y desde la que se ayudaría seguramente a descongestionar los centros de salud. No creo siquiera que fuera descartable, con el adecuado período de instrucción, comprometer en este gran empeño nacional al Ejército, que tanta experiencia acumula en ayudas humanitarias y campañas de emergencia. Igual podría ocurrir con entidades privadas del sector de las emergencias o de servicios asistenciales.
Sería un error descartar cualquier recurso viable ante esta emergencia nacional, que no sabe de recelos corporativos o de intrusismo profesional. Lo que importa es la adecuada programaflicto bélico, pero sí es un asunto de Estado, y como tal debería ser abordado.
Una administración sin derecho administrativo o al menos con un derecho administrativo muy flexibilizado. Eso es lo que necesitamos. Por encima de la norma, está la finalidad a la que se orienta, el interés general, y hacia ese interés general deberíamos enfocarnos con todos los recursos disponibles. No se me ocurre nada más importante que deban hacer los poderes públicos en este momento que acelerar la campaña de vacunación contra el Covid-19, porque cada mes, cada semana, cada día que le ganemos al virus son vidas que salvamos, y también empleos.
Si España no llega al 70 por ciento de población vacunada antes del verano, si la inmunidad de grupo no se alcanza en la fecha esperada y si eso ocurre sin haber movilizado todos los recursos disponibles, será imperdonable. España necesita velocidad.