Del Falcon a las Marismillas o el comité de expertos
El Consejo de Transparencia ha dado la razón a ABC frente al Gobierno en una larga lista de casos en los últimos años
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha sido, en los últimos años y como mínimo, un dolor de cabeza recurrente para el gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez. Semana tras semana, esta institución, encargada de garantizar que los ciudadanos reciben la información que les corresponde después de solicitarla a través del Portal de Transparencia, ha formulado resoluciones de todo tipo que denunciaban la opacidad del Ejecutivo y con las que le obligaba los distintos ministerios a entregar a los ciudadanos unos datos que previamente la Administración les había negado. En concreto, ABC también tiene una larga lista de casos en los que ha recurrido al amparo de este organismo y el CTBG, después de estudiar el asunto, le ha dado la razón en detrimento de los intereses de La Moncloa.
Uno de los ejemplos más sonados es el que hace referencia al uso que Sánchez ha hecho de los medios de transporte de titularidad pública, entre ellos el avión presidencial –conocido como el Falcon– durante su etapa al frente del Ejecutivo. De hecho, una petición de información realizada a instancias de este diario en este sentido provocó que el Gobierno, tras ignorar la resolución del Consejo de Transparencia, acudiera a los tribunales con el objetivo de seguir manteniendo la información bajo llave.
Son realmente escasos, al menos al compararlos con el volumen total de resoluciones, los procedimientos de Transparencia que llegan a los juzgados, ya que la Administración suele facilitar la información antes o después pese a intentar alargar el proceso al máximo en algunas ocasiones. El Gobierno, tras recibir una sentencia en contra que se reafirmaba, precisamente, en lo dictado por el Consejo, ha ido un paso más allá en este caso al recurrir la decisión de los jueces.
Los invitados
La polémica en relación al uso que hizo el presidente del Gobierno del Falcon viene de lejos. Las suspicacias comenzaron cuando, en verano del año 2018, Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, viajaron una noche a uno de los conciertos del Festival Internacional de Benicasim (FIB). No obstante, los casos vinculados a medios o instalaciones de titularidad pública no acaban ahí. Como ha desvelado este diario,
El Falcon
El Gobierno ha recurrido a los tribunales para no responder a las consultas impulsadas por ABC para conocer el uso que hizo de los medios públicos de poco después
Las Marismillas
En su última respuesta, Presidencia dijo que «no sabía» a cuántos amigos invitó el presidente del Gobierno al palacio de Las Marismillas también están en esta lista las vacaciones del presidente del Gobierno y sus invitados en el palacio de Las Marismillas, en Doñana (Huelva), durante el verano de 2019.
En un primer momento, Presidencia rechazó dar la información a este diario sobre las personas que acompañaron a Sánchez en su estancia vacacional en dicho complejo propiedad de Patrimonio Nacional. Acto seguido, el Consejo reprendió al Gobierno y otorgó la razón a ABC: esa información debía ser pública. Pero La Moncloa no cedió y, en una de sus últimas respuestas a un requerimiento del CTBG admitió «no saber» si Sánchez llevó invitados o no. «En cuanto al número de acompañantes privados y familiares en cada ocupación no es posible facilitarlo, ya que no le consta a esta vicesecretaria general (Hilda Jiménez) si hubo acompañantes y, en caso afirmativo, la existencia de un registro de los mismos», alegó el Gobierno en esta ocasión.
La pandemia
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus también se traduce en resoluciones del Consejo de Transparencia. Los contratos sanitarios suscritos por el Ministerio de Sanidad o los protocolos del Gobierno para frenar al virus o el falso informe de la Johns Hopkins fueron algunas de las informaciones más solicitadas a través de los mecanismos de Buen Gobierno por ABC. De hecho, el pasado 4 de diciembre, el CTBG remitió una batería de 12 requerimientos al gabinete de Presidencia y a Sanidad para que atendiera otras tantas resoluciones cuyo plazo de cumplimiento había vencido.
El detalle sobre los miembros del comité de expertos que asesoró a Sanidad durante el proceso de desescalada también ha sido reclamado por este diario. Esta petición, que ha sido formulada por numerosos ciudadanos ante las dudas de su existencia, no fue respondida a ABC. Por ello, este diario solicitó el amparo del CTBG, que volvió a exigir al departamento que dirige Salvador llla que entregara la información. El pasado 23 de noviembre acabó ese plazo, sin respuesta. Más suerte tuvo un abogado anónimo, al que Sanidad sí entregó la identidad de estos expertos que en un principio iban a ser ajenos al ministerio pero que finalmente fueron, en su mayoría, miembros del equipo del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.
Estos son sólo algunos ejemplos, pero la labor del Consejo de Transparencia es continua y en los últimos años ha encarnado un papel decisivo como contrapeso del Gobierno. Y su influencia va en aumento. Según los últimos datos facilitados por el organismo en su página web, en los diez primeros meses del año pasado el CTBG emitió 1.344 resoluciones. Esta cifra, con el ejercicio sin cerrar, está por encima del cómputo registrado en los años 2018, 2017, 2016 y 2015 por separado.