Permanente
de su ministerio y que la vicepresidencia de Asuntos Sociales está intentando llevar a su terreno.
Una maraña regulatoria
El Partido Socialista ya ha cedido con la inclusión de topes máximos a los precios del alquiler en el decreto, una política que no ve con buenos ojos. Pero Unidas Podemos quiere más. Hace unos meses especulaba con la posibilidad de imponer un impuesto a los grandes propietarios de pisos vacíos. Y ahora ha rechazado públicamente la opción de ofrecer incentivos fiscales a los propietarios que alquilen sus viviendas por debajo de determinados umbrales.
La formación morada también insiste con los desahucios, pese a que estos van en descenso. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el tercer trimestre de 2020 hubo un 25,4% menos de lanzamientos por impago del alquiler. La vicepresidencia de Pablo Iglesias quiere prohibirlos de forma permanente, una opción a la que los ministros socialistas se resisten.
Fuentes gubernamentales aseguran que el PSOE ha garantizado a las inmobiliarias que este extremo no se llegará a producir. Pero en el sector existe desconfianza respecto a esta promesa, porque en el pasado varios ministerios ya aseguraron que no realizarían medidas en materia de vivienda que sí se han terminado produciendo.
Por ejemplo, el control de los alquileres fue rechazado públicamente por el secretario general de vivienda, David Lucas, y ahora todo apunta a que se convertirá en la medida estrella de la futura ley de vivienda, cuyo anteproyecto se presentará en marzo.
Todos estos cambios normativos están sembrando el pánico en uno de los pocos sectores que ha esquivado el impacto del coronavirus. Los precios de la vivienda cerraron el 2020 estables, y la burbuja de precios que se vivió en el mercado del alquiler de Madrid y Barcelona parece haberse desinflado.
Los inversores, por su parte, han puesto el foco en el segmento del alquiler impulsando fórmulas como el «buy to rent». Un interés que, sin embargo, se ve ahora amenazado por los bandazos regulatorios de un Ejecutivo dividido en materia de vivienda.
Unidas Podemos pretende que el veto a los desahucios vaya más allá del estado de alarma