Las TV digitales andaluzas podrán emitir hasta un nuevo concurso
Una nueva ley evitará el cierre de más de 45 empresas con un millar de trabajadores Convocatoria exprés de Hacienda con las autonomías
El Parlamento andaluz votará hoy una proposición de ley para que las empresas y personas físicas adjudicatarias de licencias en el concurso de Televisión Digital Terrestre (TDT) de 2016 puedan seguir emitiendo hasta que se convoque un nuevo concurso para adjudicar de nuevo 98 licencias en la región. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó la repetición del concurso al considerar que algunos criterios del pliego eran ilegales, como la exigencia de que las empresas tuvieran plató en Andalucía, experiencia previa o colaborar con asociaciones.
Nuria López, directora regional de las televisiones de Procono (PTV) y vicepresidenta de la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones Locales de Andalucía (Acutel), ha aplaudido esta proposición de Ley de todos los grupos parlamentarios, ya que están en juego más de mil puestos de trabajo directos y otros 450 indirectos en la comunidad. Son 45 las empresas físicas y jurídicas que fueron adjudicatarias de licencias de TDT en el concurso de 2016 y que, de aprobarse esta proposición de Ley, podrán seguir emitiendo hasta el nuevo concurso. Entre esas empresas se cita la Fundación Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, cuyas televisiones podrán seguir emitiendo.
El primer concurso para la prestación del servicio de televisión terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares se convocó en 2006 pero el TSJA anuló las 79 licencias adjudicadas. Por ello, la Junta convocó otro concurso público en 2016, que fue resuelto en 2018, pero pocos meses después el TSJA anuló varios criterios por considerar que eran ilegales.
El Gobierno andaluz decidió en 2019 rebaremar las solicitudes quitando los criterios ilegales pero el TSJA dejó claro en un auto que lo que debía hacer la Junta no era rebaremar, sino convocar un nuevo concurso público para la adjudicación en régimen de concurrencia de las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de ámbito local y de carácter comercial en Andalucía, ordenando anular los contratos administrativos formalizados por la Junta.
Ante esa situación, la Administración autonómica no tuvo más remedio que dejar sin efecto la concesión de las licencias y a finales de 2020 anunció la convocatoria de un nuevo concurso público. Los grupos parlamentarios andaluces dicen que «esta situación es perjudicial para decenas de personas y empresas privadas que, ajenas a las causas que han motivado la anulación de las concesiones que efectuaba el acuerdo, resultaron adjudicatarias y cuya viabilidad económica queda ahora seriamente en entredicho».
Si esos concesionarios se ven obligados a cesar las emisiones de televisión, tendrían que seguir asumiendo todas las inversiones que habían hecho y las contrataciones de personal, pero se verían privadas del negocio que le reportaba los recursos suficientes, como son las emisiones de televisión, «lo que -según los grupos parlamentarios- conduciría presumiblemente al cierre de muchas de esas empresas y la consiguiente afectación de manera directa del empleo en el sector».
Sin embargo, para evitar perjuicios a las empresas y personas físicas adjudicatarias por el cese de emisiones en cumplimiento de esas medidas, los grupos parlamentarios de la Cámara andaluza (PP, Cs, Vox, PSOE y Adelante Andalucía) han presentado una proposición de ley para garantizar «la continuidad en la prestación del servicio de comunicación audiovisual privado» por parte de las personas físicas y jurídicas que recibieron concesiones en el acuerdo de Consejo de Gobierno de julio de 2020. Par que esta proposición salga adelante tiene que ser aprobada por unanimidad, ya que se aplica la lectura única, un procedimiento legislativo más rápido. En el plazo de tres meses desde que entre en vigor esta Ley, el Consejo de Gobierno debe convocar un nuevo concurso público para ajudicar las licencias de TDT.
Hacienda y las comunidades autónomas se verán las caras hoy a las 17.00 horas para abordar el uso de los fondos europeos en una reunión convocada «in extremis», ante el malestar de varias de las regiones por la falta de comunicación desde el Gobierno, señalan a ABC fuentes regionales. Como abundan, el ministerio avisó a las autonomías de este encuentro telemático el pasado martes por la tarde, con pocas horas de antelación. Se trata de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la que se reunirán la ministra María Jesús Montero y los consejeros de Hacienda o Economía de las comunidades. «Llevábamos seis meses esperando», lamentan desde una región.
La convocatoria ha soliviantado más a las regiones, que protestan por la falta de planificación y concreción. Como ha podido saber ABC, el orden del día remitido por el ministerio a las comunidades fija cinco puntos: la intervención de la ministra de Hacienda –que preside la conferencia–, la constitución de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la aprobación del reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y un último capítulo de ruegos y preguntas. El escaso detalle del mismo ha creado malestar entre regiones que no esperan que vaya a haber grandes avances en el encuentro de hoy.
Enfado mayúsculo
Sevilla F. C. y Real Betis Las TV del Sevilla y del Betis podrán seguir funcionando de forma transitoria
El enfado es mayúsculo entre las autonomías gobernadas por PP y Cs. Precisamente, los consejeros de Hacienda de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia, Castilla y León y Ceuta firmaron ayer una declaración, con destino a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyenen, en la que criticaban la opacidad del Gobierno en el reparto de los fondos europeos y pedían la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal. «Esperamos y demandamos que sean transparentes y claros en los procedimientos para seleccionar los proyectos en los requisitos que van a poner a las comunidades autónomas y neutrales en los impactos territoriales», señala a ABC la portavoz económica del PP, Elvira Rodríguez. «Echamos en falta mayor coordinación por parte de La Moncloa a la hora del reparto de estos fondos», protesta a este periódico la diputada de Cs, María Muñoz.