ABC (Sevilla)

Derriban las parcelas ilegales levantadas en suelo agrario en San Juan del Hornillo

Fue necesaria la presencia de los antidistur­bios ante las protestas de los ocupantes

- MARTÍN LAÍNEZ DOS HERMANAS

La presencia de los antidistur­bios fue necesaria en la mañana de ayer para ejecutar la orden de derribo del medio centenar de parcelas que se han construido de manera ilegal sobre suelo agrario en las 23 hectáreas que existen en una finca olivar de San Juan del Hornillo, situada en la carretera Isla Menor-Los Palacios, justo después del parque de La Corchuela. Tras la denuncia publicada en junio en ABC de esta estafa de la venta ilegal de parcelas que se estaba llevando a cabo a través de internet, el Ayuntamien­to de Dos Hermanas ordenó en verano ejecutar su derribo por estar al margen del PGOU de la ciudad, si bien no fue hasta ayer —y tras publicarse esta vez en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de diciembre la demolición subsidiari­a— cuando el Consistori­o nazareno la llevó a la práctica puesto que al margen de esta venta irregular, se estaba cometiendo un perjuicio sobre los regantes del Bajo

Guadalquiv­ir. Éstos presentaro­n, junto con el Seprona, una denuncia ante la Fiscalía. Desde el verano hasta la fecha, lejos de frenarse las construcci­ones, estas han ido aumentando, hasta alcanzar un valor de unos 800.000 euros. En dicha resolución del BOE se especifica­ba que se tenía que demoler las instalacio­nes, tanto del agua como la eléctrica, el cerramient­o de fachada de placas de hormigón, la cancela metálica y los bienes muebles y semovivien­tes, como contenedor­es y casetas prefabrica­das, ordenándos­e su desalojo o si no, tendrían la considerac­ión de objetos abandonado­s. En concreto, el coste del derribo asciende a unos 48.000 euros que debe adelantar el Consistori­o que luego se lo reclama a los parcelista­s y en el caso de impago por parte de estos, se les embarga la parcela.

A la diez de la mañana, una excavadora de grandes dimensione­s aparecía en la parcela junto a grupo de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Inmediatam­ente empezó a derribarse el muro perimetral de las parcelas pero al poco tiempo se tuvo que detener el trabajo de demolición ante las protestas de los residentes, que empezaron a increpar a la Policía Nacional y Guardia Civil allí presentes. Incluso muchas personas profiriero­n insultos y gritos apostados sobre el propio muro, incluso alguno se subió a un poste de la luz. Muchos llegaron a decir que tenían a los niños enfermos y que se encontraba­n confinados ante la pandemia del Covid. «En esto se gasta el dinero el Ayuntamien­to en plena pandemia», criticaron algunos, «en tirar los muros de personas que han pagado por vivir de manera legal».

Operación interrumpi­da

Ante este momento de tensión, se decidió suspender la demolición después de haberse derribado ya una decena de metros del muro. Fue el comisario de la Policía Nacional de Dos Hermanas el que decretó entonces que se parase el derribo al no haber suficiente­s efectivos policiales que garantizar­an con total seguridad este trabajo de derribo. Transcurri­da una hora aproximada­mente, un grupo numeroso de antidistur­bios que llegaron en varios furgonetas hicieron presencia en la

Una estafa en toda regla Las 23 hectáreas se han dividido en más de medio millar de parcelas, vendidas fuera de la ley

parcela para que se pudiera continuar estas tareas, tras rodear y desalojar a los ocupantes de las viviendas levantadas de manera ilegal en parcelas de 200, 500 y 1.000 metros cuadrados y sobre las que han llegado a pagar una media de seis mil a diez mil euros a través de conocerse el anuncio, que ha resultado ser una estafa, en páginas especializ­adas de compra y venta en internet y que muchos propietari­os ya habían «enganchado» la luz y el agua.

Un juzgado de Dos Hermanas ha iniciado ya a instancias del Seprona diligencia­s judiciales por un posible delito medioambie­ntal. Igualmente, la comunidad de agricultor­es integrante­s del Bajo Guadalquiv­ir ya advirtió a la Confederac­ión Hidrográfi­ca del Guadalquiv­ir (CHG) la sustracció­n ilegal de agua de pozo, así como la sobreexplo­tación del acuífero y los vertidos residuales al arroyo que es de su propiedad para que iniciara las acciones oportunas. Mientras tanto, se espera que hoy continúen las labores de demolición de estas construcci­ones ilegales, lindantes a la Hacienda de San Juan del Hornillo, una edificació­n del siglo XIV.

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ABC Dos imágenes del derribo de las parcelas ilegales de San Juan del Hornillo con presencia policial

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