Los cinco vocales discrepantes acusan al Consejo de «servir» a la estrategia de bloqueo del PP
El Partido Popular y Ciudadanos registraron ayer en el Congreso sendas enmiendas a la totalidad a la reforma que pretende impedir los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial mientras esté en funciones. Ambas formaciones respondieron al asalto de PSOE y Podemos al órgano de gobierno de los jueces con textos alternativos a esa reforma en los que proponen la vuelta al sistema inicial de elección de los doce vocales de procedencia judicial, de forma que sean los jueces los que elijan a sus propios compañeros. En la actualidad, el Parlamento interviene tanto en la elección de los ocho vocales juristas como en la de los doce de procedencia judicial, sobre los que tiene la última palabra. El pasado 18 de enero, Vox presentó una enmienda a la totalidad en el mismo sentido.
Los populares recuerdan que las competencias que el ordenamiento otorga al Consejo «son fundamentales para el cumplimiento de su función constitucional» y que la limitación en el ejercicio de estas competencias «no sólo impediría a ese órgano garantizar la independencia de dicho poder del Estado, sino que supondría en sí mismo un ataque directo a la independencia del Poder Judicial».
A su juicio, tras más de 35 años de vigencia del actual sistema de elección parlamentaria «se hace imprescindible reflejar en la Ley Orgánica del Poder Judicial con pretensión de permanencia y continuidad la voluntad constituyente de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa».
Reforzar las garantías
Junto a esta propuesta, los de Casado proponen otra serie de medidas que refuercen «la garantía de independencia e imparcialidad» de los vocales así como la transparencia misma del proceso de elección». Entre ellas, la obligatoriedad de que todos los nombramientos que haga el Consejo en la cúpula judicial se lleven a cabo por mayoría cualificada, algo que hasta ahora solo regía en nombramientos muy concretos, como presidentes de Sala y magistrados del Tribunal Supremo o presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.
Además, propone la supresión de la figura del llamado «magistrado autonómico», designado por el Consejo a pro
Los cinco vocales que votaron en contra del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado jueves, en el que se instaba a la Mesa del Congreso a que reconsiderara su decisión de seguir adelante con la reforma de este órgano sin dar audiencia a los jueces, afirman que sus dieciséis compañeros han incurrido en «deslealtad». Pese a que el acuerdo fue respaldado por vocales de perfil progresista, creen que el órgano está sirviendo a los intereses del Partido Popular y llegan a acusar al CGPJ de desacreditar a España ante Europa y responsabilizarle de eventuales actuaciones que pudieran llevar a cabo instituciones europeas.
Así lo expresan en un voto particular el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, al que se han unido los otros cuatro vocales discrepantes, vinculados al PSOE e IU (Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez) y a Jueces para la Democracia (los magistrados Clara Martínez de Careaga y Rafael Mozo). Señalan que el Pleno se ha extralimitado de sus funciones al pedir a la Mesa del Congreso esa rectificación porque no está entre las funciones del CGPJ informar sobre proposiciones de ley y sí sobre proyectos emanados del Gobierno. Hablan de una «confrontación gratuita, infundada e impropia en términos constitucionales y de separación de poderes» contra la Mesa de la Cámara Baja.
En el texto, de un marcado perfil político, sostienen que el acuerdo del Consejo no respeta la separación de poderes, una apreciación que también hicieron, pero en sentido contrario, sus compañeros al denunciar la injerencia del Legislativo en sus funciones. «El problema de fondo –apuntan– es que por causa de una inconstitucional y reprochable actitud de bloqueo que impide la renovación en plazo del CGPJ, se está violando la Constitución».
Sus críticas llegan hasta los medios de comunicación, en concreto a este periódico por denunciar en su editorial del pasado viernes la mordaza a los jueces y el asalto al Poder Judicial que esta reforma supone.