Impugnan el pleno de la empresa de aguas de Huelva
La entidad pública planea un plan financiero que hipoteca a 67 pueblos hasta 2037
La empresa de aguas Giahsa, que presta servicio a 67 pueblos de la provincia de Huelva y maneja un potente presupuesto que supera los 82 millones de euros, tiene en previsión una operación de refinanciación de préstamos con la que sus cuentas y los ayuntamientos quedarían hipotecados hasta 2037. La propuesta se conoció en el pleno celebrado el pasado diciembre, convocado con carácter extraordinario, para aprobar los presupuestos de 2021 tanto para Giahsa como para la Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS), de la que depende.
La única voz que se ha levantado (de momento) contra el planteamiento de la empresa pública llega desde el norte de la provincia, de un municipio con poco más de 400 habitantes, Cañaveral de León, no solo poniendo en cuestión y rechazando la operación financiera, sino también impugnando el plenario en el que se dio luz verde (inicialmente) a las cuentas, al considerar que la convocatoria no siguió el procedimiento legalmente establecido.
Según se recoge en el escrito de alegaciones presentado por el Ayuntamiento de Cañaveral, al que ha tenido acceso ABC, la presidenta de la Mancomunidad, Laura Pichardo (PSOE), alcaldesa de Niebla, destacó en su intervención que las cuentas contemplan una bajada del 5% de las tarifas para el presente ejercicio, medida —como otros aspectos de las cuentas de la entidad— que según Cañaveral «están condicionadas a que se apruebe la operación de refinanciación de la deuda».
El apartado de los aspectos a destacar del presupuesto se señala que el impacto de la bajada «supondrá un descenso de los ingresos tarifarios de tres millones, previa modificación de las ordenanzas fiscales y del expediente preceptivo. Con tal fin —continúa— se está ultimando la refinanciación del préstamo sindicado existente con las entidades financieras, que a cierre de 2020 tendría un capital pendiente de 54,48 millones que serían novados a un plazo de 17 años más, previa autorización de la Mancomunidad y de sus municipios».
La operación se llevó a la sesión de diciembre como «información», sin expediente ni documentación. «Es un desconcierto», llega a decir el Consistorio en sus alegaciones. «Estamos totalmente a ciegas ante la operación que debe servir de base para, entre otras cosas, reducir el 5% las tasas». En el escrito, la alcaldesa, Mercedes Gordo, hace constar su rechazo al presupuesto «en estas condiciones, dando por hecho una operación que no está aprobada y de la que no tenemos información alguna». Sumaron sus voces de negativa a las cuentas inicialmente aprobadas los ayuntamientos de Cumbres de San Bartolomé y Lucena del Puerto.
Reparto de dinero
El Consistorio cuestiona «la manera de gestionar» la entidad pública, que la Cámara de Cuentas de Andalucía situó hace unos años entre las de las tarifas más caras de Andalucía, que destina una asignación de 600.000 euros a repartir entre los grupos políticos, una retribución de 50.000 euros a la presidenta de la Mancomunidad y, por el contrario, retira el presupuesto de 30.000 euros que tenía consignada la figura del Defensor del Usuario.
Pero además, Cañaveral solicita en su escrito la declaración de nulidad del pleno y de todos los acuerdos aprobados en el mismo, incluidas las cuentas. De un lado, señala, que el plenario se convocó como «extraordinario urgente», cuando por los plazos aplicados no se reunían los requisitos —ni tampoco
La convocatoria no siguió el procedimiento legalmente establecido, según el pueblo de Cañaveral de León
el desarrollo— y que aunque el mismo secretario reconoció que se trataba de «un error material», tal hecho no impedía su celebración.
Por otra parte, la documentación de los asuntos que formaban parte del orden del día «no estaba a disposición de los miembros del pleno» cuando se convocó la sesión, ni tampoco lo estuvo con dos días hábiles de antelación, lo que supone «un incumplimiento legal importante», más aún teniendo en cuenta «la transcendencia de los asuntos a tratar» como es el caso de la aprobación del Presupuesto 2021. «La convocatoria se lleva a través de un sistema que no puedo controlar muy bien. Pero me parece que sí, que ha estado a disposición», llegó a manifestar el secretario. Ahora, los servicios jurídicos de la entidad deben analizar y dar respuesta a las alegaciones del Ayuntamiento de Cañaveral, incluida la petición de nulidad del pleno, antes de volver a citar a los pueblos para aprobar de forma definitiva los presupuestos.