PSOE y Podemos mantienen la mordaza al CGPJ y le acusan de injerir en las Cortes
La Mesa del Congreso tumba la última petición de los jueces para que se les deje opinar de la reforma
La Mesa del Congreso rechazó ayer de plano la reconsideración solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que la Cámara Baja le permita informar sobre la nueva reforma que recortará sus funciones y busque, también, la opinión de la Comisión de Venecia y el resto de actores implicados. La decisión no conllevó sorpresas puesto que, como sucedió en enero, PSOE y Podemos impusieron su mayoría en la Mesa de la Cámara frente a PP y Vox. Pero lo que sí fue chocante es que los dos socios de coalición abrieron fuego públicamente contra los jueces, a los que acusaron de injerir en el Congreso, atacar la separación de poderes y no respetar la democracia. Y todo ello cuando la reforma que pretenden ha sorteado el procedimiento habitual y no respeta la legislación europea.
«Pretenden intervenir en las funciones del poder legislativo», acusó el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. «Hemos tenido que vivir un bochorno según el cual los letrados y la Mesa del Congreso han tenido que recordar al CGPJ la separación de poderes, que su tarea es juzgar y la autonomía de las cámaras parlamentarias que es un principio básico de la democracia», insistió. Se da la circunstancia de que los informes solicitados por el Congreso no son nunca vinculantes, de manera que la audiencia de los jueces no comprometería jurídicamente la reforma. Si la izquierda quiere evitarla es por su coste político.
Por su parte, la portavoz socialista, Adriana Lastra, también defendió la decisión de la Mesa aferrándose a «que la potestad legislativa del Estado la tienen las Cortes Generales» y que «en ningún caso» están «obligadas a solicitar informes o comparecencias».
Llamamientos de Europa
Sin embargo, el Poder Judicial no solicitaba intervenir en la redacción de la reforma sino poder informar sobre ella a sus señorías, tal y como recoge el procedimiento previsto para las reformas de leyes orgánicas impulsadas por el Gobierno. Un trámite que PSOE y Podemos eludieron presentando la