Monteseirín «vendió» a promotoras terrenos que pertenecían al aeropuerto
Un juez concluye que el Ayuntamiento desoyó informes que eran vinculantes para recaudar con San Nicolás, incluso con los suelos del área de Aviación Civil
El Ayuntamiento de Sevilla sigue pagando, años después, los excesos en la política urbanística de la época del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que fue regidor de la ciudad hasta 2011. Muchos de los convenios urbanísticos acabaron en los tribunales porque las cantidades entregadas por las promotoras para sistemas generales no fueron destinadas por los responsables municipales a esa cuestión y los planes urbanísticos acabaron suspendidos a pesar del dinero abonado. El ejemplo más claro de todo ello se está produciendo con los terrenos de San Nicolás Este, junto al aeropuerto, bolsas de suelo que aquel gobierno socialista vendía como uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos y rentables de esa etapa en el poder.
Una nueva sentencia sobre los convenios que se suscribieron para esa zona evidencia que las prácticas municipales eran irregulares y condena al Consistorio a pagar a los dueños las cantidades que adelantaron para los sistemas generales. Pero, sobre todo, pone negro sobre blanco que aquel gabinete desoyó los informes que señalaban la imposibilidad de urbanizar en esas zonas y, simplemente, mantuvo el plan para seguir recaudando con las entregas de las promotoras. Tanto es así que explica que se llegaron a incluir en la «oferta» municipal terrenos que no pertenecían al Ayuntamiento sino que formaban parte del «área de influencia y servidumbre» del aeropuerto de San Pablo. Así se especificó en los informes planteados por Aviación Civil, que eran contrarios a los planes de la Gerencia de Urbanismo porque éstos englobaban en los sistemas generales (viarios, manzanas, enlaces…) zonas de servicio aeroportuario. «Los límites del sistema general aeroportuario que aparecen en el PGOU de Sevilla siguen sin corresponder con la delimitación de la zona de servicio aeroportuaria determinada en el Plan Director», se señalaba en aquellos informes de los que se hace eco el nuevo fallo judicial, que recalcaban que «las disposiciones de los pla