El alcalde de Valencina no echará a la tránsfuga pese a estar obligado
El PP ha pedido un pleno para echarla y la devolución de todo lo que ha cobrado
El alcalde de Valencina, el socialista Antonio Manuel Suárez, se negó ayer a echar del equipo de gobierno a la concejal tránsfuga que le sostiene en el poder a pesar del informe del secretario que le obliga a ello porque la edil no adscrita Susana Martín, expulsada por Cs por apoyar la reelección de Suárez y formar gobierno con él sin autorización del partido, no puede formar parte del gobierno según la ley antitransfuguismo y la doctrina del Tribunal Supremo.
Suárez pretende desobedecer la indicación del secretario, que le advierte de que está cometiendo una ilegalidad, negando la mayor. Según él, el habilitado nacional «no resuelve su expulsión directa» del Gobierno local, tratándose de «un procedimiento que actualmente sigue su curso y que deberá ser refrendado por el pleno, que es el órgano competente en dicha tramitación». Pero sí que lo hace. El informe no admite la menor duda e incluso aclara que el alcalde tendría que haber dado cuenta de la expulsión de Martín de Ciudadanos en 2019, que fue cuando se produjo, un requisito que tampoco ha cumplido porque Suárez depende de su voto para mantenerse en el poder. A este respecto, el PP de Valencina de la Concepción reclamó ayer el cese de la concejal tránsfuga Susana Martín, actual cuarta teniente de alcalde, y la devolución de sus nóminas como delegada municipal a raíz de la información publicada por este periódico sobre la «compra» por parte del PSOE de su apoyo para obtener la Alcaldía en este municipio. Los populares solicitan esta medida aludiendo al citado informe de la Secretaría General del Consistorio que «certifica la ilegalidad de su contratación» merced a la nueva doctrina del Tribunal Supremo.
Como publicó ayer este periódico, después de que las elecciones municipales de 2019 arrojasen en Valencina un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PP y del PSOE y los populares se alzasen con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación —consiguiendo así seis ediles frente a cinco del PSOE—, el candidato popular Ramón Peña no accedió finalmente al poder al apoyar la edil de Ciudadanoss y la concejal de Adelante la candidatura a la reelección del socialista Antonio Manuel Suárez.
Tras ello, el partido naranja a su comité de Disciplina un «informe negativo» sobre la concejal que había apoyado la reelección del alcalde socialista de Valencina, Susana Martín, porque «ni el comité negociador ni la dirección del partido habían autorizado el apoyo a los socialistas en este municipio», como tampoco «se había planteado la posibilidad de un pacto de gobierno junto con Adelante», pues Martín es la cuarta teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencina y responsable de las delegaciones municipales de Juventud, Participación Ciudadana y Transparencia, Convivencia, Ciudadanía y Ordenación del Tráfico.
Dicho procedimiento quedó resuelto con la expulsión de Susana Martín del Río de las filas de Ciudadanos en agosto de 2019, continuando esta edil como capitular no adscrita.
Al respecto, el PP señala la sentencia emitida en octubre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fijando como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, «como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas».
Merced a dicha doctrina del Supremo, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencina y diputado provincial, Ramón Peña, «el secretario del Ayuntamiento emitió un informe certificando la ilegalidad de la contratación de la tránsfuga y solicitando al alcalde que la expulsara de manera inmediata del Gobierno municipal».
«El alcalde lleva más de mes y medio con ese informe», explicó Peña, que reclama al primer edil que «restaure la legalidad inmediatamente». En ese sentido, Peña informó de que el PP ha pedido un pleno extraordinario y urgente para tratar el asunto y reclamar el cese inmediato de Susana Martín como miembro del Gobierno local, así como «la revisión de los actos administrativos para que se devuelva todo el dinero cobrado indebidamente por esta concejal», unos 36.000 euros.
«Una tránsfuga que ha engañado a su electorado no puede ejercer cargos de gobierno y mucho menos cobrar un sueldo público, por lo que si no se atiende las peticiones del PP, iniciaremos las acciones legales pertinentes para llegar al fondo del asunto», avisa Peña respecto a la mencionada doctrina del Supremo.
Por su parte, el PSOE provincial rehusó ayer pronunciarse sobre esta polémica.
En contra del secretario El socialista Antonio Manuel Suárez mantendrá a Susana Martín, que lo sostiene en el gobierno
El portavoz del PP, Ramón Peña, le reclama a la tránsfuga que devuelva 36.000 euros