La exauditora de Podemos denuncia que Montero usó de niñera a una alto cargo

Carmona traslada al juez que Iglesias pudo quedarse 7.700 euros en costas procesales

La que fue responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, ha remitido al juez de Madrid que investiga al partido un escrito en el que da cuenta de todas las supuestas irregularidades que había detectado cuando fue cesada de forma fulminante en diciembre de 2019. Entre ellas, que la ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, venía utilizando a una empleada del partido, su actual jefa de gabinete adjunta, como niñera de, al menos, la hija que tuvo con el vicepresidente Pablo Iglesias.

El escrito, que fue adelantado por «El Confidencial» y al que tuvo acceso ABC, explica que una trabajadora de Podemos le avisó en noviembre de 2019 de que Montero se servía «habitualmente» de Teresa Arévalo «como cuidadora de sus hijos» y que incluso la había llevado a Alicante en campaña «dejando a la empleada al cuidado de la niña». No consta que Arévalo jugase ningún papel en aquel acto electoral, difundido en redes, donde sí figuran imágenes de la mujer con el bebé en brazos. Podemos niega que Iglesias y Montero se sirvieran de la asesora como niñera. Ni el partido ni Arévalo declararon ayer, pero en las pocas explicaciones internas que logró este diario se subraya que es falso. Arévalo es coordinadora del equipo de Montero desde antes de que naciera la niña y suele acompañar a la ministra por ello.

Aun así Carmona contrastó que efectivamente, madre, hija y empleada viajaron allí y aporta al juez el justificante de los gastos porque aprecia «un presunto uso irregular de los fondos del partido en beneficio de los intereses particulares de la señora Montero». Por lo mismo, refiere el escándalo relativo a otra trabajadora de Podemos que decía estar siendo utilizada como escolta y «recadera» por Montero hasta ser finalmente despedida. En enero de 2020 el partido llegó a un acuerdo con ella para evitar el juicio.

Neurona y las costas

A lo largo de 33 páginas, la abogada responde con ejemplos como estos a la petición del juez de aportar la documentación que tuviera de las irregularidades que refirió como testigo en octubre. Además de lo relativo a Montero, aporta datos sobre líneas de investigación sobreseídas, como la adjudicación de las obras en la sede o el contrato de consultoría con ABD. Del suscrito con Neurona, que es el centro de la imputación porque implicó el pago de 363.000 euros a una empresa sin empleados ni actividad que luego intentaron cargar al erario público, aporta un detalle de interés. Tiene en su poder, y ahora el juzgado, un borrador de contrato muy similar a ese sospechoso de falsedad con otra empresa, Yugen Media S.L., que a diferencia de Neurona sí presta servicios de publicidad. El cese, explica, le impidió averiguar si se les había contratado.

Además, aporta otro tipo de detalles. Por ejemplo, la sospecha de que Iglesias pudo quedarse con 7.730 euros en costas procesales de causas ganadas, no habiendo pagado él, porque lo hacía el partido, ni al letrado ni al procurador. Cuenta que, en su momento, pidió definir los términos de cara al IRPF y nunca más se supo. Otra de las referencias clave es la que rodea a su propio cese, en tanto que era la responsable de Cumplimiento Normativo y es la falta de este la que provoca la responsabilidad penal de personas jurídicas como Podemos. Aporta el mensaje que envió a Iglesias junto a un informe confidencial alertando de que lo suyo era «una represalia por haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica». Nunca hubo respuesta.