Armengol justifica a los cargos del PSOE vacunados por enchufe en Baleares
El Partido Popular pide a la Oficina Anticorrupción que intervenga
Mientras los focos de todos los medios estaban puestos en Avelina Blasco, la primera vacunada de Baleares contra el Covid-19, tres altos cargos del PSOE acudían el domingo 27 de diciembre, entre bambalinas, a la residencia geriátrica palmesana de Son Oms y se ponían la vacuna con supuestas dosis sobrantes. Son el coordinador de la campaña de vacunación en las islas y alto cargo del IB-Salut, Carlos Villafáfila; la subdirectora de Atención a la Cronicidad de la conselleria de Salud, Angélica Miguélez, y la directora insular de Gente Mayor del Consell, Sofía Alonso.
Ahora que el caso ha salido a la luz, la Consejería de Salud, comandada por los socialistas, alega «criterios técnicos» para justificar que se hayan saltado el orden pese a que todavía quedan sanitarios de primera línea sin vacunar. Además, trata de zanjar la polémica prometiendo una lista de reservas para evitar que las dosis que sobren acaben en los enchufados, como el ya inmunizado obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull; los gerentes de los hospitales públicos, y los concejales de Mahón (Menorca) y de Pollença (Mallorca).
La presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, ha defendido que todas las vacunas puestas están justificadas y cumplen el protocolo del Ministerio de Sanidad, que dice de forma genérica que debe vacunarse «el personal sanitario que trabaja en la gestión de la pandemia y en función de su riesgo de exposición».
Pero las explicaciones de la dirigente socialista no han convencido, y todos los partidos con representación en el Parlamento balear, incluidos sus socios de Podemos y los nacionalistas de Més, han exigido la destitución de estos tres altos cargos y reclaman mayor transparencia en el proceso.
El departamento de Salud no parece dispuesto a recoger el guante y se niega a hacer públicos los nombres, o al menos los cargos que ocupan los directivos vacunados contra el coronavirus, apelando a la confidencialidad y la ley de protección de datos. De hecho, ha avisado de que no revelará los nombres «si no lo ordena un juez».
El PP ha solicitado a la Oficina Anticorrupción que investigue la vacunación de los altos cargos del Ejecutivo al considerar que existe un abuso de poder. Además, registrará en el Parlament un escrito para forzar al resto de partidos a pronunciarse.
Este martes la consejera balear de Salud, Patricia Gómez, seguía manteniendo que los rumores sobre cargos políticos y de confianza vacunados eran «palabras demagógicas y falsedades». La próxima semana comparecerá en la Cámara para explicar la situación de la pandemia, pero ha rechazado dar explicaciones de los protocolos de vacunación.
Rechazo en el Senado
En el Senado, los socialistas han mantenido una actitud similar en el sentido de no garantizar la transparencia en el protocolo de vacunación, al rechazar una moción de Ciudadanos para instar al Gobierno a asegurar el cese de los políticos que incumplan el protocolo. El voto en contra del PSOE, junto con el del PNV –el PP votó a favor– suponía no aceptar la enmienda de Vox para que los políticos hagan una declaración jurada de que no se han vacunado.