Las familias de 24 ancianos se oponen a que sean vacunados
Los juzgados de Sevilla ya han resuelto cuatro casos, ordenando la vacunación
El pasado 30 de diciembre el fiscal delegado para personas mayores y personas con discapacidad de Sevilla, Norberto Sotomayor, explicaba a los medios que tenía encima de la mesa el caso de un ciudadano que se negaba a que su padre, residente de un geriátrico de la provincia, recibiera la vacuna contra el coronavirus. Entonces, anunciaba que la Fiscalía, ante estas situaciones de oposición a la vacunación, pediría a los juzgados que dictara un auto ordenando la administración. Pues desde entonces hasta la fecha han sido 24 casos los que han llegado a distintos juzgados de la provincia.
El 15 de enero el Juzgado de Primera Instancia número 17 dictó un auto en el que autorizaba al servicio médico-sanitario de una residencia de mayores de la capital a suministrar la vacuna contra el Covid-19 a una usuaria de 86 años de edad «que no se encuentra capacitada para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecta a su salud», tras la negativa de su hijo a otorgar su consentimiento para la citada vacunación. Fue la primera sentencia en Sevilla que se pronunciaba a este respecto. Según ha confirmado el fiscal Norberto Sotomayor, ya se ha decidido, en la misma línea, tres más. Esto es, cuatro de los 24 casos de negativas a vacunar en la provincia ya están resueltos de forma favorable a que los mayores reciban dicho tratamiento contra el Covid-19.
Pero éste es sólo uno de los frentes abiertos que tiene esta Fiscalía especializada con respecto a las residencias y el coronavirus. Sotomayor, desde el inicio de la pandemia, se ha mostrado en todo momento encima de las 172 residencias de mayores de Sevilla, públicas y privadas, para saber cómo estaban gestionando la pandemia, que es lo que necesitaban y conocer de primera mano cuáles eran los efectos del virus entre los mayores.
Una de las tareas que asumió fue contabilizar de primera mano el número de infectados y fallecidos. Y en ello sigue y los números continúan reflejando los estragos de la pandemia en estos centros. Si en la primera oleada fueron 151 los ancianos que perdieron la vida a causa del Covid-19, desde mediados de agosto hasta la fecha esta negra estadística ha aumentado. Han sido 222 los residentes fallecidos, según los datos que contabiliza desde mediados de agosto la Fiscalía, para la que la segunda ola en estos centros no ha concluido.
Con respecto al caso de positivos detectados, Sotomayor indica que, a fecha del pasado 2 de febrero, había 305 infectados, una cifra que supone más del doble que los que había el 25 de enero. En siete días han pasado de 128 casos a los citados 305 entre la población residente.
Entre la plantilla de profesionales sociosanitarios, la situación también se ha agravado en la última semana, pasando de 80 casos a 132.No obstante, aclara que estos aumentos están provocados por los repuntes que se han concentrados en un número reducido de centros como en El Ronquillo o la residencia de San Lorenzo de Alcalá de Guadaíra.
En las residencias de personas con discapacidad el panorama es menos desalentador. Los residentes afectados por coronavirus ahora mismo son 42, por los 31 de hace una semana, mientras hay 41 trabajadores, por los 35 de hace siete días. Desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo han fallecido siete residentes, todos ellos desde mediados de agosto hasta la fecha.
Causa penal
El tercer frente abierto, aunque no sea algo directamente vinculado con el coronavirus, es la investigación judicial abierta por presuntos malos tratos, falsificación documental y otros delitos detectados en tres residencias de la provincia. Por ello están investigadas dos mujeres, directoras de estos tres centros. Una dirige dos de ellos. En estos centros además, según se investiga, se incumplieron las medidas de confinamiento y movilidad decretas por el Covid-19, realizándose entre ellos traslados de ancianos.
Todo parte de los controles rutinarios realizados por el servicio de inspección de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta durante el pasado 2020. Como consecuencia de la actuación del departamento de Rocío Ruiz y de la investigación de la Fiscalía, el Gobierno andaluz ordenó el cierre de dos de estas residencias: San Laurenano, en Alcalá, y de La Alegría, en Carmona. Es en éstas donde se habrían producido los hechos investigados.
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