Portland Valderrivas aporta más de 26 millones a la economía local
Portland Valderrivas, la mayor compañía cementera de España, controlada por el empresario mexicano Carlos Slim, el principal accionista de FCC, tiene una sola factoría en Andalucía, la de Alcalá de Guadaíra, que a su vez es la única empresa de este sector en la provincia de Sevilla. Su consejero delegado, Pedro Carranza, aseguraba hace unos meses que «el futuro de la planta de Alcalá está asegurado, porque es una industria eficiente, de bajo coste y muy bien ubicada, en un entorno económico muy atractivo».
«La planta de Alcalá está para quedarse» y solo una «distorsión de los mercados internacionales» podría comprometer su futuro, señalaba. Y es que la multinacional cifraba en más de 26 millones de euros su aportación durante el año 2018 a la economía local del entorno de Alcalá, explicaba. ción de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada concedida a la planta cementera para «poder realizar también la actividad de incineración de residuos no peligrosos». Además, se le pidió al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra la instalación de una unidad móvil para controlar la calidad del aire en esta barriada ante «el temor del riesgo sobre la salud de la actividad de la planta cementera por las emisiones contaminantes», citándose entonces la avería producida en uno de los filtros de la planta.
Fue en octubre del pasado año cuando el Ayuntamiento trasladaba a la Junta la preocupación «que existe en la localidad» sobre esta cuestión y le trasladaba la existencia de 9.000 firmas ciudadanas recogida por la Plataforma Contra la Incineración que piden que se paralice el proyecto de valorización de recursos que tiene la empresa. A raíz de ello se mantuvieron varias reuniones entre las instituciones locales y autonómicas para abordar este problema y «buscar la mejor solución» para los intereses del conjunto de los vecinos de la ciudad.
Ahora, en todos los expedientes de queja que ha recibido el Defensor del Pueblo subyace «la oposición a la autorización de esa nueva actividad de incineración de residuos, teniendo en cuenta la incidencia ambiental de incineración que ya la fabricación de cemento tenía sobre la población local».
Por todo ello, Maeztu ha decidido incoar el expediente de queja para buscar una solución a un problema medioambiental en el que se debe buscar el equilibrio entre la salud de los vecinos y la actividad comercial de una empresa en la que trabajan unas 200 personas.