Se busca a dos indios que se llevaron 1,3 millones
El juez del caso ERE no localiza a los empresarios de Nilefós, desaparecidos tras recibir ayudas para salvar una fábrica
El empresario indio Nitin Jayant Madhvadi hizo creer al Gobierno andaluz que era un hacha para los negocios. Llegó a Huelva en abril de 2007 con la promesa de rescatar de una ruina segura a la antigua empresa Rhodia, ubicada en el Polo Químico onubense, que fabricaba un componente utilizado en los detergentes. Con tanta convicción se metió en la piel de empresario de éxito que, menos de un año después de haber comprado la planta, las autoridades de la Junta de Andalucía acordó conceder 5,3 millones de euros a Nifelós Química S.A., la sociedad que Madhavani creó para salvar la factoría. Finalmente, el dinero público entregado irregularmente ascendió a 1,3 millones que salieron del programa presupuestario 31-L para empresas en crisis, el llamado «fondo de reptiles» de los ERE. Se ingresó en dos pagos entre 2009 y 2010 a la asociación creada por los extrabajadores para cobrar las ayudas. La Consejería de Empleo le costeó al empresario indio las prejubilaciones de 33 de los 200 empleados de Nilefós de 55 años en adelante.
Todo fue un fiasco. La operación urdida para salvar la compañía aguantó el tiempo justo de recibir la subvención. El dueño de Nilefós Química S.A., Nitin Madhvani; su director de general, otro indio llamado Biswarup Tafafdar, y el británico Stephen John Richard France, consejero delegado, están hoy en «paradero desconocido». En realidad, la Junta no les ha vuelto a verles el pelo desde el 25 de julio de 2009, cuando se reunió con las autoridades autonómicas en la Consejería de Empleo, que le conminaron a hacerse cargo de la fábrica.
Requisitoria del juez
Mediante un auto dictado el pasado 2 de febrero al que ha tenido acceso ABC, el juez José Ignacio Vilaplana emite una requisitoria «para el llamamiento y búsqueda» de los tres empresarios que se desentendieron de la empresa. El 8 de agosto de 2019 el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla los citó por primera vez para declarar por estas ayudas irregulares en calidad de investigados. Pero no comparecieron. El juzgado dirigió entonces un oficio a la Guardia Civil para que averiguara su paradero. Era como si la tierra se hubiera tragado a los empresarios indios, imputados por supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental en una pieza separada del caso ERE sobre la citada subvención. Todos los intentos por localizarlos han resultado infructuosos. En su resolución, el juez ha dado instrucciones al equipo de Delitos Tecnológicos y Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva para que amplíe la diligencias relativas a las ayudas concedidas que inicialmente ascendían a 5,3 millones. Archiva provisionalmente las actuaciones «en tanto sean hallados» para evitar que sigan corriendo los plazos y los supuestos delitos prescriban.
Según el juez, los administradores de la sociedad «se habrían concertado» con el entonces director general de la Seguridad Social de la Junta, Juan Márquez, para «la obtención ilícita» de ayudas. Los tres empresarios «actuaron en connivencia con los responsables» de la Junta «a sabiendas de la realmente nula tramitación de expediente administrativo conforme a la legalidad vigente». Bajo el artificio de una «supuesta ayuda laboral» en favor de trabajadores, estaban «ocultando que el real beneficiario de los fondos era la propia empresa Nilefós Química S.A.», concluye el instructor.