ABC (Sevilla)

El Gobierno no enseña el «informe» de la Johns Hopkins porque «no está archivado»

La Moncloa incumple otra resolución firme del Consejo de Transparen­cia

- JAVIER CHICOTE MADRID

Pedro Sánchez sigue resistiénd­ose a reconocer que usó datos ficticios atribuidos a la prestigios­a Universida­d Johns Hopkins para sostener el 28 de abril de 2020, en pleno pico de la pandemia, que España estaba «en el puesto quinto del mundo en la realizació­n de test totales» de detección del Covid.

Casi nueve meses después de que ABC solicitara a la Secretaría General de la Presidenci­a del Gobierno el informe fantasma de la prestigios­a universida­d estadounid­ense o, en su defecto, los datos utilizados por el presidente en rueda de prensa para sostener tal afirmación, y con una resolución firme del Consejo de Transparen­cia ya vencida, La Moncloa acaba de pronunciar­se. Por lo visto, Presidenci­a no puede mostrar el informe porque éste «no forma parte de ningún expediente administra­tivo de la Vicesecret­aría General de la Presidenci­a del Gobierno».

Añade la vicesecret­aria general, Hilda Jiménez, que «no obstante, existen referencia­s al informe solicitado en fuentes abiertas, accesibles al público», pero no facilita ni una sola ni tampoco las cita.

Este diario consultó con la Universida­d Johns Hopkins, que desmintió la existencia de ese listado: «Quizás se expresó mal o atribuyó incorrecta­mente la informació­n», dijeron fuentes ofificiale­s sobre la afirmación del presisiden­te del Gobierno, a quien incluso so una periodista de la CNN le dio la misisma informació­n en una pregunta en directo. El centro de estudios ubicado do en Maryland dijo a este diario por esscrito que no existía ese estudio, puessto que únicamente contaban con una na iniciativa puesta en marcha por la uniniversi­dad para el seguimient­o de test, st, pero solo referidos a datos de Estados os Unidos, informa Manuel Trillo.

ABC cursó la petición a la Secretaarí­a General de la Presidenci­a del Go- bierno en mayo del año pasado por r el cauce de Transparen­cia, pero no hubo respuesta alguna (lo habitual). Tras reclamar al Consejo de Transparen­cia y Buen Gobierno (CTBG), este organismo estimó parcialmen­te te la petición e instó a Pedro Sánchezz a entregar «copia del informe de la Uniniversi­dad Johns Hopkins» mencionaa- do o «copia de los informes en que se basó el Presidente del Gobierno para realizar tales declaracio­nes en rueda de prensa». Además, el Consejo de Transparen­cia, que aún no había sido purgado, especificó que «en caso de que no exista» el informe, La Moncloa debe «hacerlo constar expresamen­te».

Vencida desde noviembre

Esta resolución fue notificada el pasado 5 de noviembre a la Presidenci­a del Gobierno, que tenía diez días hábiles para atenderla. Al no hacerlo, ABC presentó una reclamació­n ante el CTBG el 9 de diciembre.

Es tras este paso que la Presidenci­a del Gobierno ha decidido pronunciar­se. Pese al dictamen del Consejo de Transparen­cia, una resolución fir

El Consejo de Transparen­cia instó a Pedro Sánchez a «hacer constar» que el informe que citó no existe

Respuesta de Presidenci­a del Gobierno a ABC

me, el Gobierno ha decidido no cumplirla, y así lo ha manifestad­o por escrito la Presidenci­a del Gobierno.

Tras comunicar que el informe «no forma parte de ningún expediente administra­tivo de la Vicesecret­aría General de la Presidenci­a del Gobierno» (lógico, pues no existe), Hilda Jiménez pretende deslegitim­ar la petición que realizó ABC hace nueve meses y que fue resuelta por el Consejo de Transparen­cia hace tres, pese a que en su momento La Moncloa no presentó alegación alguna: «En la solicitud se realizan diversos juicios de valor sobre la informació­n solicitada».

Añade Presidenci­a que «en ocasiones las expresione­s utilizadas son de difícil comprensió­n, como “evidente posible inexistenc­ia”» y, lo más sorprenden­te, termina rechazando la solicitud porque «estas apreciacio­nes no se correspond­en con el concepto de informació­n pública», pese a que el Consejo de Transparen­cia, garante del cumplimien­to de la ley de transparen­cia, acceso a la informació­n pública y buen gobierno, ya avaló la petición informativ­a que La Moncloa trata de tumbar fuera de tiempo.

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