Varios alcaldes del PSOE crearon un «grupo criminal» para desviar fondos
La Policía señala a los regidores de Casariche y Los Corrales, Basilio Carrión y Juan Manuel Heredia, y dice que pagaban facturas falsas a la trama
Los alcaldes socialistas de Casariche y Los Corrales, Basilio Carrión y Juan Manuel Heredia Bautista — actualmente contratado como asesor en la Diputación de Sevilla—, formaron presuntamente un «grupo criminal» junto con el interventor del Consorcio Estepa Sierra Sur y principal investigado en el fraude del reciclaje, José Antonio Mañas, con el objetivo de desviar fondos a la empresa pantalla Magno Ambiental del Levante, propiedad de este último y del jefe de la planta Matagrande de Estepa, Manuel Ibáñez. Esto es lo que sostiene la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional que está llevando a cabo la investigación en un atestado al que ha tenido acceso este periódico. Los agentes concluyen en su nuevo informe que las diligencias practicadas les llevan a «deducir la existencia de un grupo criminal organizado liderado por José Antonio Mañas» del que también forman parte Heredia Bautista, exregidor de Los Corrales, y Basilio Carrión, actual alcalde de Casariche, «así como aquellas otras que de manera tangencial han colaborado en la consecución de sus fines criminales, como es el caso del testaferro que actuó como primer administrador de Magno o las parejas del secretariointerventor y el jefe de la planta».
La Policía asegura que «todas las actuaciones delictivas señaladas durante la presente investigación, cometidas a lo largo del periodo comprendido entre los años 2014 y 2020, responden a un mismo patrón consistente en el ejercicio indebido de cargos públicos para satisfacer intereses particulares del grupo criminal». Y a partir de esta premisa ha diseñado un organigrama en el que se detallan las distintas responsabilidades en la trama al entender que «cada uno de sus componentes habría ejercido roles según su perfil político, profesional o su vinculación personal, denotando organización y relación de jerarquía, así como especialización técnica». Siguiendo este criterio, en el primer nivel estarían los «responsables políticos nombrados para dirigir los organismos públicos, que deben aprobar los actos administrativos necesarios para lograr los fines del grupo criminal: Juan Manuel Heredia Bautista, presidente de la Mancomunidad y del Ayuntamiento de Los Corrales, y Basilio
Gil Carrión, presidente del Consorcio» en el momento en el que se produjeron los hechos que ahora instruye el juez número 2 de Estepa.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía le permiten concluir que Heredia Bautista acordó externalizar el servicio de recogida de basura de los municipios de la Mancomunidad de la Sierra Sur en 2016. Entonces el interventor del Ayuntamiento que dirigía, el de Los Corrales, era también Mañas. Esto le permitió «justificar el contrato que el Consorcio adjudicó a Magno aunque esta carecía de los medios necesarios para prestar el servicio contratado». Además, el alcalde «habría participado de forma directa y en el ejercicio de sus cargos públicos en actos dirigidos a favorecer los intereses económicos de la sociedad magno», la empresa pantalla a través de la que se desviaron los fondos posteriormente blanqueados por medio de cooperativas olivareras. Ambos pactaron «la venta de dos camiones del Consorcio a Magno por un precio significativamente bajo de 181 euros». Y además el Ayuntamiento de Los Corrales hizo pagos a la citada sociedad propiedad de Mañas «por dos informes inexistentes». Es decir, pagaron facturas falsas que permitieron desviar más fondos a esta empresa pantalla.
A todo esto, la Policía añade otro