Caudillismo

Los casos de Huévar, Bormujos, Valencina y Estepa demuestran que el socialismo hegemónico ha naturalizado el caciquismo

LOS últimos escándalos políticos de Sevilla que hemos venido contando en ABC permiten trazar una teoría sobre el caciquismo provinciano que resulta desgarradora. En Huévar hacían listas para comprar votos a cambio de un trabajo como barrendero; en Bormujos se organizó una paella en pleno confinamiento, se ocultó el procesamiento del alcalde para poder presentarlo a las elecciones, se enganchó la luz de la sede de la Policía Local a una farola...; en Estepa se escondía la basura sin reciclar en un hoyo mientras los jefes del cotarro desviaban dinero a su propia empresa a través de un «grupo criminal» del que formaban parte dos alcaldes; en Valencina se «compró» el voto de una tránsfuga para obtener el poder a cambio de un puesto en el gobierno municipal con sueldo... Todos los casos tienen una cosa en común: los alcaldes hacen lo que les da la gana sin que nadie les tosa. Sevilla ha sido siempre el gran semillero de votos del PSOE en España. Pero esta hegemonía socialista se ha ido viciando con los años porque la falta de oposición acaba convirtiendo a los políticos en señores feudales. Y esto ha provocado que en muchos pueblos los vecinos miren a sus alcaldes como antes veían a los caciques. Han perdido la noción democrática y en lugar de tratarlos como servidores suyos que son, se someten a ellos como si fueran sus amos. Los alcaldes lo deciden todo. Si no les caes bien, sufrirás. Si eres de los suyos, prosperarás. Esta amarga realidad se da en muchos pueblos de la provincia en los que se cumple la archiconocida letra de la toná: «Desgraciaíto el que come / el pan de manita ajena, / siempre mirando a la cara / si la pone mala o güena». Los casos de Huévar, Bormujos, Valencina y Estepa siguen claramente este patrón.

Pero ahora sus dirigentes han dado un paso más que hace sólo unos años era inconcebible: mienten sin pudor. El ejemplo de su presidente Sánchez les guía. El alcalde de Bormujos, Francisco Molina, está procesado por prevaricación desde marzo de 2019. Cuando este periódico dio esta noticia y aclaró que según el código ético del PSOE no podía seguir en su puesto, él dio dos respuestas. Primero, que la fecha del auto no era marzo, sino septiembre, por lo que podía presentarse a las elecciones de mayo sin problema. Y segundo, una vez aclarado que la fecha tampoco le salvaba de dimitir, que la causa contra él es administrativa, no penal. Lo van a juzgar en el Penal 8 y la Fiscalía le pide 12 años de inhabilitación, pero el buen hombre sigue erre que erre con su patraña. Sin sonrojarse.

En Huévar, el autor del manuscrito de la compra de votos admitió que era obra suya, pero negó que el plan se llevase a cabo. ¿Y entonces por qué quería triturar el papel? En Estepa, el presidente de la Diputación dijo que él no conocía al cabecilla de la trama de nada y al día siguiente salió una foto de los dos en su despacho. Y el alcalde de Valencina asegura que el informe del secretario sobre la compra de la tránsfuga no le insta a echarla. Lo pone en el punto cuatro, caballero. Si quiere se lo mando.

De estas cosas ya está uno curado de espanto, pero nunca sobra la aclaración. Oigan ustedes: ya llevamos mal que prevariquen, enchufen, se salten los semáforos, enganchen la luz a una farola, entierren la basura, compren votos y tránsfugas, gobiernen como dueños del cortijo... Pero, por lo que más quieran, no nos tomen también por tontos. Tengan al menos ese detalle.

Quienes se llevan bien con los alcaldes, prosperan