El principal imputado en el caso del reciclaje vuelve al Consorcio
El PP denuncia que entra y sale de las oficinas a pesar de estar abierta la investigación
El alcalde de La Roda, Juan Jiménez (PP), que representa a su municipio en el Consorcio de Medio Ambiente de Estepa, aseguró ayer en declaraciones a ABC que el principal implicado en el escándalo de la planta de reciclaje, José Antonio Mañas, «entra y sale cuando quiere» de las oficinas de este ente. Y señaló que «lo hace con el conocimiento de la junta directiva», aún a riesgo de que pueda destruir pruebas, como ya advirtieron en su día los agentes de la Policía Nacional.
El regidor rodeño estalló tras la noticia que publica este medio sobre un supuesto grupo criminal que habrían creado varios alcaldes socialistas de la comarca de la Sierra Sur para desviar fondos. Jiménez consideró «bochornoso» todo lo que está ocurriendo y lamentó que «el PSOE mantenga silencio a pesar de que ha gobernado y presidido las instituciones y los entes durante décadas». Igualmente acusó a los responsables del Consorcio de «no haber rescindido los contratos a las principales empresas investigadas como Magno, que sigue facturando como si no hubiera pasado nada». Unas empresas, como recordó el alcalde de La Roda, «a las que se adjudicaron servicios sin concurso público ni por los cauces legales».
«La UDEF ha encontrado evidencias de que no sólo se estaban malversando fondos de este ente, también de la Mancomunidad de la Sierra Sur, alcanzando una cifra que ronda a la baja los 3,5 millones de euros defraudados. Ambos estaban presididos por el PSOE cuando ocurrieron los hechos que se investigan por los entonces alcaldes Basilio Carrión (Casariche) y Juan Manuel Heredia Bautista (ex regidor de Los Corrales) y este señor es ahora diputado en la Diputación», indica Juan Jiménez, a quien le extraña «el silencio que mantiene el Partido Socialista ante estas acusaciones tan graves».
Tampoco responde a sus cuestiones, siempre según su versión, el actual presidente del Consorcio de Medio Ambiente, el socialista Antonio Jesús Muñoz Quirós, quien declaró ante el juez encargado del caso del reciclaje como testigo sin dar cuentas a la junta general. «Que no nosotros sepamos, el actual presidente no ha cambiado absolutamente nada, ni ha rescindido el contrato a las empresas investigadas», criticó.
Igualmente compartió su preocupación por la viabilidad económica del Consorcio de Medio Ambiente de Estepa, que tiene una enorme deuda por el impago de algunos ayuntamientos «curiosamente socialistas y entre ellos el del propio presidente, que debe más de dos millones de euros», aseguró Juan Jiménez. «Todo esto nos tiene muy inquietos a los que sí cumplimos con nuestras obligaciones, como hemos hecho en mi municipio, que está al día en el pago», señaló. Por eso mismo propuso la creación de una junta rectora que asuma la gestión eliminando los cargos de los políticos y que sean profesionales los que cojan las riendas de este ente . Para la contratación de los mismos planteó que se utilicen las remuneraciones que ahora se asignan a la presidencia y la vicepresidencia, «que perciben los alcaldes que las ostentan».