Retoques al aparato burocrático
El bipartito andaluz ha eliminado hasta ahora 48 entidades instrumentales sin empleados ni actividad. El grueso del ajuste afecta a las denominadas Utedlt, unos consorcios participados por la Junta y las corporaciones locales que llevan años inmersos en un proceso de liquidación que comenzó el Gobierno de Griñán. Los antiguos agentes de empleo de las Utedlt ganaron los pleitos contra sus despidos y la Junta tuvo que readmitirlos. La mayoría trabaja hoy en la Fundacion Andalucía Emprende. Ahora los 916 trabajadores de dicha fundación serán absorbidos por la nueva Agencia para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), que resulta de la fusión de Andalucía Emprende y de tres agencias existentes: Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento e IDEA. Ésta última arrastra una mala reputación por escándalos como el de los ERE. En total, 1.381 empleados cambiarán de denominación social. El consejero de Transformación Económica, Rogelio Velasco, garantiza su continuidad, pero los afectados recelan de esta
promesa. la división de pareceres en el seno de la Junta sobre el calado que debe tener la reforma. Antes de que las olas pandémicas hicieran trizas todas las previsiones, el «Gobierno del cambio» ya se había percatado de que el tejido clientelar creado por el PSOE no iba a ser tan fácil de desmontar. Mantener esta estructura paralela, donde abundan casos de enchufismo que incluso están investigando los juzgados —sin ir más lejos, en la extinta fundación Faffe—, cuesta 306 millones de euros al año, que se pagan a través de transferencias.
Aluvión de pleitos
Una vez instalado en la Administración, este personal que entró en ella enviando un currículum o haciendo una entrevista, goza de derechos adquiridos, pese al agravio que representan, en muchos casos, para los funcionarios de carrera que salieron a las calles a protestar contra el decreto del Ejecutivo de José Antonio Griñán para convertir a más de 20.000 laborales en empleados públicos en el año 2010.
Reducir la plantilla, como habían pactado los nuevos socios, significaba afrontar una cascada de pleitos, una factura millonaria en indemnizaciones, pero sobre todo un conflicto laboral que haría tambalearse la paz social y el deseado «cambio tranquilo».
Una vez que las auditorías han llegado a la mesa de la Junta, ha llegado la hora de aminorar el tamaño de esa administración que, según denunciaron en la campaña electoral, estaba poblada de «chiringuitos». Lo contrario sería dejar su acuerdo en papel mojado.