Sortear la normativa
adres de Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco piden a los consejeros de Educación que sus hijos puedan expresarse en clase y responder los exámenes en castellano. Dicen que han encontrado un recoveco legal: «Ninguna ley prohíbe hablar en español en asignaturas no lingüísticas».
Catalina, Iago, Iker, Anna y Amparo no pueden estudiar en su lengua materna. Les bajan la nota si responden los exámenes en castellano. Les corrigen si hablan en castellano en clase. Les reprenden si hacen los ejercicios en castellano. De poco o nada ha servido quejarse al colegio o la consejería de Educación; y denunciar ante la justicia sólo es una opción para quienes lo puedan pagar y no resuelve el problema a corto plazo. ¿Cómo conseguir que nuestros hijos estudien en español sin esperar una eternidad?, pensaron los padres de estos niños de Baleares, Galicia, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Bucearon en la ley en busca de algún resquicio que les diera «oxígeno» y han dado con una posible solución: hablar y escribir en castellano en clase porque nada lo prohíbe.
PUna revolución
La llaman «la revolución del uso del español en las aulas» y consiste en plantarse ante la administración y reivindicar que los alumnos usen su lengua materna. Asumen que el profesor, avalado por la normativa y la dejadez de los gobiernos, impone la lengua cooficial en clase, es decir, puede dar la asignatura en catalán, gallego o euskera. Sin embargo, no puede obligar al alumno a expresarse o hacer las tareas en ese idioma ni impedirle hacerlo en español.
«No existe ninguna ley que ampare la prohibición del uso del español en clase en una materia no lingüística, tanto para usarlo oralmente en clase, como para responder a exámenes y realizar trabajos», recalca Gloria Lago, presidente de Hablamos Español, quien propone esta alternativa como fórmula para sortear las «injustas normativas que discriminan el castellano en la enseñanza».
Hasta ahora los padres se han pasado la vida denunciando sin mucho éxito, con quejas al centro que empeoraban las cosas o costosas denuncias ante la justicia que cuando se cerraban después de varios años ya servían de poco a los niños. «Queremos hacer algo más. Queremos animar a la gente a pasar a la acción y hacer uso de su derecho», anima
Lago, quien ha asesorado a estos padres que llamaban a su asociación desesperados porque sus hijos no podían estudiar en su lengua materna y eran reprendidos por hacerlo.
Hace unos meses, dos familias de diferentes regiones de España pidieron asesoramiento a Hablamos Español. «En uno de los casos su hijo era insistentemente conminado por el profesorado para que dejase de expresarse en español, y en el otro caso iban a suspenderlo por haber respondido a las preguntas en español un examen en el que tenía un notable», cuenta Lago. Luego se sumaron otras tres quejas más. Eran padres que, por miedo a represalias, pidieron a la asociación que les representara. Y dieron «el paso». En total, cinco familias desde Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco han presentado ante las autoridades educativas un escrito solicitando poder usar en clase su lengua, aquella en la que mejor aprenden y se expresan. Una especie de resistencia cívica.
Petición
La petición, a la que ha tenido acceso ABC, está dirigida a los respectivos consejeros de Educación y solicita que «se permita al citado alumno utilizar el castellano en sus actividades académicas, salvo en lo que se refiere a las materias lingüísticas (lengua cooficial y lenguas extranjeras), en las que está justificada la imposición del uso de las mismas a los alumnos que las cursan».
El equipo jurídico de Hablamos Español ha utilizado como fundamentos de derecho la argumentación del Parlamento de Cataluña, con motivo de sus alegaciones a la cuestión de inconstitucionalidad que dio lugar a la sentencia del TC 337/1994 donde reconoció que «ni se debe ni se pretende imponer la lengua de uso por parte del alumnado».
«Dicha sentencia no facultaba a los poderes públicos competentes para imponer el uso de una determinada lengua oficial a los alumnos, salvo en las asignaturas lingüísticas», argumentan desde Hablamos Español, lo que «permite a los niños usar la lengua que prefieran en las actividades académicas, ya que se trata de evaluar sus conocimientos sobre esa materia si utilizan una determinada lengua oficial, cuyo conocimiento se presupone por parte de los docentes, y en el caso del castellano, por cualquier empleado público».
La petición de estas cinco familias también apela al Consejo Consultivo de Galicia que, a la hora de evaluar la legalidad del decreto del bipartito de 2007, se pronunció sobre la obligatoriedad por parte del alumnado de utilizar oralmente y por escrito una lengua cooficial determinada en las asignaturas no lingüísticas como matemáticas o ciencias sociales. En ella se reconocía a los alumnos poder «invocar su derecho al empleo de su lengua de preferencia entre aquellas que son oficiales».
Medida paliativa
La presidenta de Hablamos Español lamenta que hasta que no se apruebe una legislación que permita elegir lengua vehicular en la enseñanza, «como existe en todos los países con cooficialidad lingüística», este problema no se solucionará «de forma justa y satisfactoria», y los profesores seguirán estando obligados a impartir asignaturas en lenguas cooficiales a alumnos que prefieren recibir su enseñanza en español.
«Lo que se pretende es que no se impida a ningún alumno el uso oral y escrito del español en clase», remarca Lago, que invita a las familias a informarse y hacer uso de este derecho como medida «paliativa» ante el «dis
«Ninguna ley prohíbe hablar en español en asignaturas no lingüísticas», argumentan