Delito de odio

nueve meses desde que el PSOE denunciaba a Vox ante la Fiscalía General del Estado por varios tuits publicados el pasado año. «Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aun que con dinero público promováis la pederastia», comentó en uno de ellos Santiago Abascal, a propósito del pin parental. Los socialistas justificaron su denuncia en la «escalada de agresividad» de Vox y en que los ataques dirigidos al Gobierno y a la portavoz parlamentaria Adriana Lastra «pueden considerarse delitos de odio».

«Alguien como Iglesias que denuncia a sus vecinos de Galapagar por acoso cuando ejercen su libertad de expresión parece indicador de que el líder del partido bolchevique utiliza la llamada ‘ley del embudo’: la parte ancha para él pero la parte estrecha para los demás». Quien habla es Daniel Portero, hijo del fiscal asesinado por ETA y presidente de Dignidad y Justicia. Se muestra indignado con la despenalización del enaltecimiento del terrorismo que propone Podemos. «¿Como puede estar solicitando la derogación del enaltecimiento del terrorismo y a la vez querer implantar y penalizar el enaltecimiento del franquismo? Es una contradicción absoluta que demuestra que el interés no es otro que cuestiones de afinidad ideológica». Recuerda Portero que el propio TC señaló, a propósito de la condena a Tasio Erkizia, que hay un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión cuando se pone en peligro el orden público y la paz social y se lesiona el derecho al honor y la dignidad de la víctimas del terrorismo.

De igual forma, Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT, reconoce que de un tiempo a esta parte la vía penal se está cerrando en casos de enaltecimiento del terrorismo al entenderse que el «riesgo cierto» de violencia del que hablaba el TC en aquella sentencia no existe desde que ETA no está activa. Más allá de la vía administrativa anunciada por Grande-Marlaska en el Senado para sancionar a los promotores de homenajes a etarras, la AVT quiere que el delito siga en pie.

«Si se hace un uso político del Derecho Penal se ideologiza la libertad de expresión», dice Manuel Cancio