Un contrato de asesor por 425.000 euros le costó el cargo
El fundador de Podemos Juan Carlos Monedero cobró 35.000 euros en el año 2019 de Gat Legacy Spain, una inmobiliaria con 65 millones de euros de capital social que forma parte del grupo Gat, presidido por el exitoso inversor Rosauro Varo. El cobro aparece en la pieza separada que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga la relación de Podemos con la consultora Neurona, abrió para las pesquisas relativas a Monedero.
Aunque las sospechas de blanqueo se refieren únicamente a los 26.200 euros que percibió de Neurona Consulting con una factura que la Policía Judicial considera falsa, la UDEF solicitó a la Agencia Tributaria todos los ingresos del politólogo. De ahí que haya trascendido este negocio de Juan Carlos Monedero.
Fuentes del grupo Gat dijeron a ABC que el profesor fue contratado como «consultor estratégico para nuestra línea de negocio inmobiliaria». Preguntados por la experiencia de Monedero en este sector, las mismas fuentes especificaron que el fundador de Podemos no realizó estudios inmobiliarios, sino «informes de riesgo país, riesgo moneda y sobre cambios de Gobierno que afectan a nuestra actividad». «A nivel divisas tienes un impacto enorme, y también por oscilaciones políticas –añaden–. Por ejemplo, en el proyecto de 80 millones de euros que tenemos en Cancún compramos el suelo cuando había otros gobernantes».
Despachaba directamente
Las fuentes consultadas por este diario sostienen que el fundador de Podemos fue contratado como asesor «al igual que otras personas que tienen conocimiento de países que son bastante oscilantes». Las asesorías del profesor de Políticas habrían versado sobre México, Colombia y Argentina. Monedero despachaba directamente con Rosauro Varo, al que enviaba sus informes, aunque también era interlocutor de «otras personas del equipo».
Fuentes próximas al empresario aseguran a ABC que se preocuparon «mucho» de que no hubiera ninguna incompatibilidad por parte de Monedero, que «ya no tenía cargos políticos», y de que la «trazabilidad esté perfecta». Rosauro Varo lo contrató «después de consultar a varias personas» cuando buscaban un asesor con conocimientos sobre la inestabilidad política en Hispanoamérica.
Gat Legacy Spain, que no presenta cuentas en el Registro Mercantil, fue creada en 2013, y en 2017 amplió su capital social hasta 64,8 millones de euros. Su administrador y socio único es Rosauro Varo, el empresario detrás del éxito del operador móvil PepePhone. La mercantil se integra en el Grupo Gat, una compañía inversora que se dedica a los sectores del turismo, la
El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero tuvo que abandonar la dirección del partido en 2015 cuando se destapó que había intentado defraudar a Hacienda tras cobrar 425.150 euros del Banco Alba por un informe para la creación de una moneda única para América Latina. Monedero recibió ese dinero a la cuenhostelería, el inmobiliario y las telecomunicaciones.
Los 35.000 euros que Gat Legacy Spain abonó a Monedero supusieron el 20 por ciento de los 180.000 euros que el fundador de Podemos ingresó en 2019 entre asesorías, tertulias y otras participaciones en medios de comunicación, así como actividades académicas y editoriales. El ingreso consta declarado a Hacienda (Gat aplicó la correspondiente retención del 15 por ciento), al contrario que los 26.200 euros que Juan Carlos Monedero percibió de Neurona Consulting el mismo ta de su empresa Caja de Resistencia Motiva 2 (que sigue operativa) y tributó a través del Impuesto de Sociedades, en lugar de hacerlo como IRPF, lo que le supuso un cuantioso ahorro.
Abonó por los trabajos de asesoría 70.000 euros (como impuesto de sociedades) en lugar de los 176.000 euros que correspondían por IRPF, ya que los ingresos se derivaban del rendimiento de una persona física. El politólogo regularizó su situación con Hacienda con la presentación de dos declaraciones complementarias: una del IRPF, por valor de 141.215 euros, y otra por IVA, de 77.280 euros. Y lo hizo antes de que el fisco pudiera notificarle que le había abierto una inspección (se intentó en dos ocasiones sin resultado). Esa premura en regularizar su situación le libró de enfrentarse a una causa penal. Las dos querellas presentadas contra él fueron rechazadas. Mostró la factura pero no el contrato alegando la confidencialidad del mismo.