Los actos vandálicos pro Hasel en Granada cuestan 30.000 euros
Enérgica protesta del Ayuntamiento, que exige sanciones para los alborotadores
El gobierno local condena enérgicamente los actos vandálicos sucedidos anteayer en Granada y brinda todo el apoyo a la Subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, para que «en manifestaciones violentas, no autorizadas y de tipo vandálico, como la del miércoles, dé las instrucciones precisas para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervengan con contundencia evitando daños injustificables a la ciudad con total impunidad», asevera el alcalde Luis Salvador. La quema de 25 contenedores ha costado al erario público 30.000 euros
El primer edil granadino afirma que «los altercados fueron premeditados, por lo que eran previsibles», por tanto, «intolerables», a la vez que subraya que «como equipo municipal preferimos que se empleen las medidas duras que la legislación contempla para evitar que estos daños se produzcan o puedan repetirse, antes que inducir que las sirenas policiales se limiten a acompañar o custodiar manifestaciones violentas por no tener las instrucciones para evitar estos comportamientos y perjuicios». Salvador insistió en que en España las leyes y los delitos están tipificados y todos los españoles tenemos que acatar y respetar. «No es admisible una manifestación no autorizada que, además de provocar daños y causar destrozos múltiples, genere temor en la población y desperfectos de todo tipo en la ciudad», insistió.
La edil de Medio Ambiente, Pepa Rubia, informó sobre el «menoscabo en bienes de dominio público» como la quema de 25 contenedores, cuya limpieza y reposición asciende a 30.000 euros. Rubia indicó que, tras los hechos vandálicos, un operativo especial de limpieza realizó hasta primera hora de ayer por la mañana «tareas de puesta a punto y reposición antes de la salida de las personas a sus puestos de trabajo y de las familias a llevar a sus hijos al colegio». Confía también en que la Justicia «condene estos hechos, ya que se han conculcado derechos constitucionales».
El concejal de Protección Ciudadana, César Díaz, al igual que el alcalde y la edil de Medio Ambiente, condenó y mostró su repulsa por los hechos. Entiende que al ser la manifestación previsible «es preciso anticiparse a la información de las redes sociales para dimensionar los dispositivos y prepararse para contener estas expresiones de violencia», y enfatiza en que «debe iniciarse el procedimiento sancionador para evitar que puedan repetirse acontecimientos semejantes o puedan pasar desapercibidos bajo el paraguas de la libertad de expresión estas actuaciones violentas e injustificadas».
Los cuatro detenidos pasaron la noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía y está previsto que queden a disposición judicial.
La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, le dijo en la red Twitter a Echenique que parara este apoyo a los violentos y si no «que se vaya». En esa misma línea se pronunció el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. La delegada del Gobierno en Andalucía respaldó la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los alborotadores.
Los servicios de limpieza se emplearon toda la madrugada para retirar 25 contenedores destrozados