Facebook bloquea a Australia en plena gestión de la pandemia
EE.UU. y la UE estudian limitar el poder de las tecnológicas en favor de la libertad de expresión
Los demócratas ya intentaron aprobar una reforma migratoria en 2013, bajo la tutela de Obama, y el Senado, donde eran mayoría entonces, la aprobó. Pero después el proyecto de ley murió en la Cámara de Representantes. A partir de 2017, Trump centró su política migratoria en la disuasión en la frontera: devoluciones en caliente, separación de familias y construcción del muro fronterizo.
En sus primeras dos semanas en la presidencia, Biden firmó nueve decretos relacionados con la reforma migratoria para deshacer el legado de Trump. Horas después de jurar el cargo, el 20 de enero, el nuevo presidente ya ordenó una paralización de la construcción del muro con México, el gran proyecto de la era Trump. De hecho, el último acto público del expresidente en ejercicio de su cargo fue viajar a Texas para conmemorar la ampliación de ese mismo muro.
En su primer día en el cargo, Biden también ordenó paralizar la deportaciones de indocumentados nacidos en EE.UU. (los mencionados ‘dreamers’) y ordenó que el censo, que se hace cada 10 años, incluya a las personas sin papeles en sus cómputos.
Crucial para los planes migratorios de Biden es Alejandro Mayorkas, su secretario de Seguridad Nacional, un cargo cuyo ocupante supervisa la política migratoria. Mayorkas es el primer hispano en esta cartera y ha sido nombrado por Biden para coordinar el equipo que se encargará de enmendar la política de reunificación familiar.
Al abandonar el cargo, Trump había separado a unos 5.500 niños sin papeles de sus padres, según estimaciones que surgen de sumar las distintas denuncias puestas por activistas y damnificados a lo largo de los años.
El pulso entre Facebook y Camberra está marcando un antes y un después en la relación de las grandes democracias del mundo con los gigantes de internet. La multinacional estadounidense decidió ayer prohibir a editores y todo tipo de usuarios en Australia compartir noticias en la red social, en un momento crítico para las administraciones, que deben combatir la propagación de la pandemia del coronavirus y mantener informada a la población de las nuevas restricciones y recomendaciones sanitarias.
El bloqueo de Facebook llega después de que la Cámara de representantes australiana enmendara la pasada semana el borrador de un proyecto de ley por el que multinacionales como Google y la red fundada por Mark Zuckerberg paguen una suerte de tasas a los medios a cambio de la difusión de las noticias. Pese a negarse inicialmente, Google había llegado horas antes a un acuerdo con News Corp, el imperio mediático del magnate australiano Rupert Murdoch –propietario del ‘Wall Street Journal’ y buena parte de la prensa local australiana– para desarrollar una plataforma de suscripción y compartir los ingresos por publicidad. Según el borrador, un árbitro independiente podría decidir si los acuerdos son justos y no imponen su posición dominante en el mercado publicitario.
Entretanto, en Australia, Google representa el 53% de los ingresos por publicidad online y Facebook, el 23%, según el tesorero Josh Frydenberg. Vía Twitter, el alto cargo australiano ha asegurado haber mantenido conversaciones en las últimas horas con el fundador de la red social para llegar a una solución. «Hay elecciones estatales el próximo mes. Así es como la decisión de Facebook podría afectar la campaña. (La cuenta del) premier está bien, pero la del líder de la oposición está prohibida», añadió.
En plena crisis de la prensa local, agravada por la pandemia, las autoridades autralianas consideran que los gigantes estadounidenses están distorsiando el mercado de la publicidad provocando el hundimiento de las empresas periodísticas. La ONG Human Rights Watch Australia ha denunciado que Facebook está restringiendo severamente el derecho a la información de los australianos, no solo la referida a los medios de comunicación, sino a la procedente de fuentes oficiales como de la policía, las autoridades sanitarias, servicios de emergencias, y la línea para atender casos de violencia de género entre otros. Más de 17 millones de australianos visitan Facebook cada mes.
Ley de Servicios Digitales
Precisamente en una publicación de Facebook, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, avisó que no se dejarán intimidar por la multinacional estadounidense y seguirán adelante con el proyecto de ley. «Las acciones de Facebook, cortando los servicios de información esenciales sobre salud y servicios de emergencia, son tan arrogantes como decepcionantes. Puede que estén cambiando el mundo, pero eso no significa que lo dirijan», sentenció.
Aunque la decisión de Facebook solo afecta a Australia, el resto del mundo mira atento al litigio entre la decimotercera economía del mundo y una de las compañías más poderosas de internet, que en enero decidió junto con Twitter cerrar la cuenta, sin juez mediante, del todavía presidente de EE.UU. Donald Trump después del asalto al capitolio. Además, Amazon decidió retirar el servicio de alojamiento a la red Parler, frecuentada por la ultraderecha.
El experto en derecho digital Borja Adsuara le quita relevancia al bloqueo a la información de carácter público en Australia, reduciéndolo a un lance del periodo de negociaciones y que se resolvería con un ajuste en el algoritmo: «Facebook ha dicho que lo va arreglar», sostiene. En España, añade, «la ley de telecomunicaciones fija que cuando el gobierno quiere transmitir información de interés público los medios y redes tienen que transmitirlo. En ese caso, Facebook tendría las de perder si siguiera esta línea».
Otros gobiernos se debaten cómo regular el inmensa poder de las gigantes tecnológicas en cuanto a la distorsión de la competencia y el control de la libertad de expresión. También inquieta la posición de dominio de las plataformas para decidir quién entra en internet y quién no. «En España ya tuvimos en 2014 un caso parecido con Google News», recuerda Adsuara, cuando el gigante estadounidense se negó a pagar un canon que obligaba a los agregadores a destinar un porcentaje de sus ingresos a los medios. Entonces la multinacional cerró su servicio de noticias en España. En los últimos meses se especula con su regreso después de que Google «haya cerrado acuerdos con medios españoles», añade.
En la UE se está preparando la Ley de Servicios Digitales, que prevé regulaciones más estrictas para las tecnológicas además de dar a los usuarios el derecho de reclamar a las plataformas que eliminan su contenido. Las instituciones europeas pretenden así actualizar sus armas legales, ya que se cuenta solo con una directiva del 2000 sobre el comercio electrónico.
«Puede que las tecnológicas estén cambiando el mundo, pero eso no significa que lo tengan que dirigir»