El número de trabajadores en ERTE se dispara a casi 900.000
El Gobierno no descarta que haya despidos colectivos por la crisis
El Congreso convalidó ayer una decisión del Gobierno realmente desconcertante. El real decreto que plasma los cambios en el complemento de maternidad se aprobó por una exigua mayoría de 168 votos. Es desconcertante porque, en definitiva, las modificaciones se resumen en un recorte para una buena parte de las percepciones actuales. Justo ahora, cuando se acaban de subir todas las pensiones, sin matices ni elementos de progresividad y sin que la inflación lo justificase, el recorte del complemento de maternidad carece de sentido. Máxime, cuando las más perjudicadas por la iniciativa del ministro Escrivá son las familias numerosas. ¿No habíamos quedado en que necesitamos despertar y estimular la natalidad para recomponer nuestro gélido invierno demográfico?
Como suele ocurrir con frecuencia, todo el proceso de aprobación, desde su propuesta inicial hasta la votación final, ha sido kafkiano. La rapidez de su tramitación se ha justificado por la sentencia que declaraba inconstitucional la fórmula anterior del complemento. Si lo era por discriminar a los hombres (¡que disgusto se habrá llevado la ministra Irene Montero!) esta reforma discrimina a las familias por el número de hijos, lo que no parece un gran avance en el imperioso camino hacia la igualdad. Luego está la votación. Al Gobierno le apoyaron los grandes progresistas que no acostumbran a poner límites a los derechos y a quienes nunca les asustan con el aumento de los gastos públicos.
Por el otro lado, PP, Cs y Vox que, en principio, son más cuidadosos con los gastos se mostraron contrarios al recorte, igual que el PNV. ERC y Bildu se abstuvieron. Ni lo apoyaron, por culpa de sus quejas en las transferencias prometidas, mezclando churras con merinas como suele ser habitual en el zoco de los votos, ni lo rechazaron por no disgustar en demasía al gobierno que apoyan y cuya caída temen. Total, el Gobierno salvado por la campana, pero acogotado hasta el final. El mejor de los escenarios posibles.
Sume un minúsculo alivio financiero en el sistema y un mayúsculo perjuicio para las familias y tendrá otro episodio esperpéntico de esta desnortada política que padecemos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, desveló ayer que hasta el 11 de febrero había registrados unos 878.000 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lo que supone un incremento en 139.031 personas respecto al cierre de enero y máximos desde agosto. Al mismo tiempo, Escrivá llegó a reconocer que no puede descartar «que haya algunos ERE» o despidos colectivos a lo largo de los próximos meses.
En un encuentro con el Consejo General de Economistas, el ministro indicó que «algunas empresas que requieran algún grado de reestructuración» pueden acometer despidos. No obstante, hizo un llamamiento a la cautela y puntualizó que «es todavía difícil de juzgar si la crisis va a suponer cambios permanentes en los patrones de demanda». También aprovechó para lanzar un mensaje a las empresas e indicó que le «gustaría» que los posibles despidos sean ERTE del nuevo sistema estructural que quiere implantar el Gobierno.
En cualquier caso, opinó que el número de despidos «van a ser menos de lo que se piensa». De los más de 800.000 trabajadores que se encuentran suspendidos de su empleo en febrero por la pandemia, el ministro consideró «muy difícil juzgar» cuántos no podrán retornar a su empleo.
Sector hotelero
Asimismo, el titular de Seguridad Social volvió a incidir en que casi la mitad de los afectados por ERTE se ubica en el sector de los alojamientos y «tiendo a pensar que el sector hotelero español es un sector competitivo» y «la demanda va a volver y muy fuerte en toda Europa, cuando se levanten las restricciones». No obstante, pronosticó la posibilidad de que haya «algunos impactos estructurales».
En restauración, «tenemos un porcentaje muy alto de lo que está protegido en este momento» y en este caso también «tiendo a pensar que volverá en gran medida» el empleo porque «no debería tener una caída de demanda muy fuerte», añadió.
Asimismo, Escrivá recordó que no hubo ningún ERE una vez pasados los seis primeros meses de la cláusula de salvaguarda. «No digo que no vaya a haberlos en el futuro, pero el mercado de trabajo ha aguantado muy bien y el grueso de ERTE ha vuelto a la normalidad», remarcó.
El ministro alertó de que 2021 es un año sin reglas fiscales para ningún país «porque es muy difícil de prever» cómo evolucionará la pandemia. Asimismo, puntualizó que el coste fiscal acumulado por ERTE, ayudas a autónomos e incapacidad temporal ronda los 40.000 millones.