Un laberinto de más de 20 años
Desde 1998, el PSOE estuvo dando banzados con la posible ubicación del demandado complejo judicial
za, que se realizarían de forma progresiva y de acuerdo con los jueces, fiscales y funcionarios. La pandemia ha trastocado todos los planes: «Pensábamos que en cuatro años era razonable que lo pudiéramos a hacer. Se hará todo lo que se pueda hasta donde lleguemos».
Previamente, el Gobierno andaluz deberá resolver una disyuntiva para hacer realidad el proyecto: si acomete con recursos propios las obras de reforma y construcción de los edificios judiciales o, si por el contrario, encarga las mismas a una empresa seleccionada a través de un concurso que también explotaría los servicios de seguridad, limpieza y otros locales comerciales. Justicia sopesa la primera opción para «agilizar» las obras y recurrir con posterioridad a la fórmula de colaboración público-privada. De este modo, se devolvería a la empresa concesionaria el coste de la inversión mediante el pago de un canon durante veinte o treinta años por parte de la Junta de Andalucía «con un tipo de interés regulado para que haya total transparencia y conforme a la ley».
El modelo no está cerrado: «Lo iremos estudiando y veremos cuál es la formula más viable, más rápida y económica». La inversión para adaptar el campus y construir los nuevos edificios se ha estimado en 128,4 millones, de los que hay que descontar 4,5 millones para redactar el anteproyecto.
La Ciudad de la Justicia forma parte de ese grupo de proyectos de Sevilla que han tenido que superar una larguísima travesía en el desierto. En este caso, más de 20 años, un dato temporal del todo elocuente que deja bastante clara la falta de operatividad y de voluntad política de la Junta de Andalucía en ese periodo, en el que su gobierno estaba en manos del
PSOE. Como con el Hospital Militar, ha sido ahora, con la coalición PP-Cs, cuando se ha impulsado el proyecto hasta llegar a este punto en el que la Administración autonómica ha comprado Palmas Altas a Abengoa.
Se espera que para 2023 ó 2024 el complejo judicial sea una realidad, de modo que habrán pasado más de dos decenios de una foto ahora del todo sonrojante: la del entonces alcalde, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y la entonces consejera de Justicia, su compañera de partido Carmen Hermosín, firmando a bombo y platillo el protocolo para promover la Ciudad de la Justicia, que se construiría en los Gordales, junto al campo de la Feria y la actual parada del metro de Blas Infante.
Antes incluso de aquella rúbrica frente a las cámaras, ya se llevaba varios años hablando del proyecto, desde mediados de los 90 incluso, cuando se señaló al Pítamo o el Higuerón como ubicaciones ideales para este complejo. Que era ya necesario en aquellos tiempos por el deterioro de las sedes judiciales del Prado de San Sebastián. Pese a los apoyos que parecía concitar la ubicación junto al campo de la Feria, un recurso del Gobierno central, propietario del terreno en un 79%, hizo que la Consejería de Justicia diera un extraño volantazo y se llevara el proyecto a terrenos del puerto a pesar de la cercanía de depósitos de carburante y la falta de conexiones. Hasta el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, anunció un ramal del metro para unir esa zona con la ciudad. Palabras huecas. La nueva ubicación desencadenó protestas, puso en un brete el PGOU y hasta hizo temblar el pacto de gobierno PSOE-IU. Al final, la Junta dio marcha atrás y volvió a mirar a Los Gordales. El laberinto administrativo por la titularidad de los suelos hizo que, con el cambio de gobierno regional, se optara por la vía de Palmas Altas.
Pítamo, Higuerón, Gordales o hasta el puerto fueron señalados como terrenos idóneos, pero nada se hizo