El caso de las mordidas acaba con una condena de nueve años
Los acusados no pisarán la prisión y tendrán que resarcir a las víctimas
El caso de la Fundación Guadalquivir Futuro no llegará a juicio como consecuencia de un acuerdo entre las partes, que significará una asunción de responsabilidades para los tres acusados. La Fiscalía y las acusaciones particulares han llegado a un pacto con la defensa de los tres acusados que asumirán los hechos que nacieron a raíz de una investigación de ABC que fue confirmada desde el primer momento por instituciones como la Inspección de Trabajo. El acuerdo tiene los términos cerrados, las cantidades previas ingresadas y solo le falta la ratificación final por medio de la rúbrica de las partes que tendrá que ser confirmada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba. El órgano judicial tenía la vista oral señalada para primeros de marzo.
Guadalquivir Futuro —y su rama juvenil, Jóvenes hacia el Futuro— era una organización no gubernamental de la órbita del PSOE que recibió cuantiosos recursos para la inserción laboral de personas desempleadas. La mecánica del escándalo era la de reducir la jornada laboral de las personas que contrataban quedándose con un tanto por ciento del salario que salía íntegro de fondos públicos. Una parte de los empleados optó por demandar pero ante los juzgados de lo social. Todas las sentencias en ese orden jurisdiccional fueron condenatorias pero acabó pagando el Fondo de Garantía Salarial porque las organizaciones no gubernamentales eludieron el pago de las cuantías.
El acuerdo que se ha alcanzado evita que los tres directivos de la organización procesados por este caso se sienten en el banquillo. No habrá juicio a cambio del reconocimiento de los hechos que pasan a considerarse como hechos probados de cara a la justicia. Los procesados eran Ángeles Muñoz (presidenta), Cristian Menacho (el hijo de la presidenta) y el tesorero de la entidad, José Antonio González. Muñoz formó parte de la lista del PSOE a las municipales que encabezó Juan Pablo Durán. Cristian Menacho era, cuando tuvieron lugar los hechos, el responsable de las Juventudes Socialistas de Córdoba capital y formó parte de la lista de Isabel Ambrosio en 2015. En el anterior mandato, estuvo a poco de ser concejal.
El acuerdo supone una rebaja sustancial de la pena solicitada. De los diez años iniciales de petición de la Fiscalía, se llega a tres años de cárcel por un delito contra el derecho de los trabajadores y dos de fraude en las subvenciones públicas. El reconocimiento de los hechos supone también hacerse cargo de las responsabilidades pecuniarias hacia los afectados, parte de los cuales fueron indemnizados por el Fogasa. El acuerdo implica dos años por el delito contra los trabajadores y seis meses por cada uno de las dos penas del tipo de fraude de subvenciones para cada una de las personas procesadas en esta causa. Además, asumen una condena de multa de cuatro meses por diez euros diarios y tendrán que pagar a los trabajadores restituyendo además el dinero pagado por el Fogasa. La Audiencia pedirá la paralización de la pena de cárcel que podrá activarse en cualquier momento en los próximos cuatro años. Mientras dure la pena de prisión, no podrán ocupar ni cargo ni empleo público. El acuerdo queda abierto para personas que tuvieron que pagar las mordidas y que no denunciaron en su momento que podrían acogerse al mismo régimen económico. Los acusados han tenido que consignar dinero en una cuenta judicial para que el acuerdo, que llevaba varios días negociándose, se considere como válido. Hasta la fecha, siempre se han declarado insolventes cuando llega el momento de pagar.
Tres por cabeza
Aunque parezca lo contrario, una condena global de nueve años —a tres por cabeza— no supone la entrada directa en un recinto carcelario. La pena pactada entre las partes implica que ninguno de los acusados pisará la prisión por los hechos reconocidos si no tienen antecedentes. El acuerdo ha girado más en el reconocimiento del daño causado mediante el abono de las cantidades que fueron detraídas con el propósito de que las víctimas que optaron por la vía penal sean resarcidas de los hechos. Para ello, tiene que haber un acuerdo de suspensión de pena dado que ninguno de los delitos por los que se le condena superan los dos años. Son condiciones inexcusables la colaboración con la Justicia e indemnizar a las víctimas. Los denunciantes recibirán la cantidad que les fue detraída más dos mil euros en consideración a los daños morales recibidos.
El caso de las mordidas de Guadalquivir Futuro constituye una de las manchas más negras del PSOE de Córdoba, que nunca ha llegado a reconocer la vinculación política con los directivos de la organización no gubernamental. Cuando se supo del escándalo, el partido puso tierra de por medio.
Guadalquivir Futuro constituye una de las manchas más negras del PSOE de Córdoba