El difícil encaje jurídico que Igualdad da a todos sus proyectos

La ministra Montero no espera al ‘sí’ del Gobierno para anunciar sus planes estrella

Desde el 13 de enero de 2020, la ministra de Igualdad es Irene Montero. La dirigente de Unidas Podemos acumula a sus espaldas los preparativos de dos ediciones del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo por mandato de Naciones Unidas, y para las dos jornadas la ministra –que rompió a llorar alegando que el suyo era un «Ministerio para todas las mujeres»– lanzó sus dos proyectos estrella de la legislatura.

En 2020, durante la última semana de febrero, Igualdad escogió a una magistrada, Victoria Rosell, para presentar el borrador del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Sexual, la llamada «ley del solo sí es sí». Lo hizo en un desayuno informal, adelantándose a lo que iba a presentar la ministra Montero al filo de las 13.00 horas en la sala de prensa de La Moncloa. Entonces Montero no supo descifrar por qué era necesario introducir una nueva definición de consentimiento sexual en el Código Penal ni cómo unificar los delitos sexuales. Fue duramente criticada por la premura con la que se habían redactado algunos puntos muy imbricados del anteproyecto.

No fue baladí que la presentación la hiciera la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, a la sazón magistrada. Pero informadores y expertos cuestionaron a Rosell el difícil encaje jurídico que iban a tener diferentes puntos del articulado, a lo que la togada respondió airosa con la necesidad de reformar penas etéreas, que ahora el Pleno del Poder Judicial ha tumbado. Las interpretaciones de las leyes no son tan libres y los delitos sexuales están bien sustentados en el Código Penal, como ya predijo la catedrática de Derecho Constitucional y vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, enfrentada con Montero. La primera norma estrella de la ministra resquebrajó dentro y fuera de La Moncloa a PSOE y Podemos por la bandera que ambos partidos se disputan desde la nego