ABC (Sevilla)

El Supremo cuestiona la vacunación forzosa de mayores

- NURIA RAMÍREZ DE CASTRO MADRID

Ni la situación de pandemia, ni las razones de salud pública o la especial vulnerabil­idad de una persona justifican la administra­ción forzosa de la vacuna contra el Covid. Lo dictamina la Fiscalía del Tribunal Supremo que se ha visto obligada a fijar su posición ante recientes resolucion­es judiciales que están autorizand­o vacunacion­es no consentida­s en residencia­s de mayores.

En el dictamen de los fiscales del Supremo, al que ha tenido acceso ABC, critica los fallos a favor de la vacunación forzosa que hace la Jurisdicci­ón contencios­a-administra­tiva a instancia de los centros residencia­les. Estos fallos sustentan su decisión por razones de salud pública, la gravedad de la pandemia y por proteger a las personas más vulnerable­s al Covid.

Pero esa fundamenta­ción jurídica, dicen «no es apta» ni para los mayores «ni para ningún otro grupo de población». «En tanto que la ley no establezca la obligación de vacunarse, no cabe invocar razones genéricas de salud pública», indican. Recuerdan que la mayor vulnerabil­idad de los mayores ni la salud pública son excepcione­s que invaliden la libertad de decisión individual para prestar o negar su consentimi­ento.

La negativa a vacunarse en las residencia­s ha sido minoritari­a, pero ha habido casos de trabajador­es y de residentes que han llevado a algunos centros a acudir a los tribunales. Unos desconfiab­an porque los centros residencia­les eran los primeros, otros por temor a los efectos secundario­s.

Varios jueces han obligado a vacunar a ancianos a pesar de su oposición y la de sus familiares. Pero el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo es que mientras no exista obligación legal de vacunarse, la decisión correspond­e a la persona afectada. Los fiscales llaman la atención sobre el hecho de que se pueda estar discrimina­ndo por edad o por vivir en una residencia para mayores». Este es uno de los argumentos más interesant­es, opina Federico Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España. «No podemos partir de estereotip­os; el vivir en una residencia no significa que no se tenga capacidad de tomar una decisión».

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