Penas mínimas para sólo dos de los 20 acusados por proxenetismo

Dos años y dos meses de prisión para dos de los acusados en el ‘caso Scándalo’ son las únicas penas impuestas a los responsables de los locales de alterne en Málaga y Córdoba. Eso después de que la Fiscalía de Málaga llegara a pedir de forma global hasta 4.000 años de cárcel para una veintena de encausados por una larga lista de delitos, como explotación sexual o narcotráfico. La pena que se les impone por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga condena a los dos principales acusados, uno de ellos responsable de la explotación de los negocios de alterne y prostitución, y el otro ha sido definido como «la persona que siempre actuaba bajo las órdenes y directrices del anterior, con el fin de ocultar la presencia en la explotación de la actividad». Se les absuelve de los delitos de asociación ilícita, prostitución y contra la salud pública. Los otros 18 acusados han salido absueltos plenamente.

Sobre los dos condenados, la sentencia explica que se lucraban de la prostitución, que era ejercida por las mujeres en los tres locales de Málaga, Torremolinos y La Carlota en Córdoba. Sin embargo, indica que no se puede probar que obtuviesen ingresos económicos explotando una situación de necesidad o vulnerabilidad de las meretrices. El Tribunal aclara que las mujeres ejercían la prostitución «libre y voluntariamente». Aunque considera probado que existía una «dependencia laboral» de los dos condenados. Así, se les considera que eran empleadas de ellos, pese que ninguna de ellas firmó un contrato.

Al primero de los condenados se le señala como el propietario real de los prostíbulos. Sería quien trazó las líneas maestras de la gestión estratégica del negocio de alterne y prostitución. El segundo penado era el administrador de los clubes y el responsable directo de que se llevaran a la práctica las instrucciones del anterior.

El juzgado da por probado que los trabajadores del club ejercían tareas de encargados o seguridad en los establecimientos, pero que carecían de la condición de empleadores, dado que la actividad que realizaban era por delegación de los administradores de los tres clubes. Por eso se les absuelve, al igual que a las meretrices detenidas. «Lo hacían bajo la dependencia y relación laboral encubierta con los responsables de los clubes».