La trastienda del veto del PP a los jueces De Prada y Rosell
les que conforman el órgano de gobierno de los jueces a propuesta de los grupos parlamentarios. El día antes de que se frustrara la renovación de 2018, llegó a comparecer en el Congreso, donde la frase del diputado popular Carlos Rojas copó al día siguiente titulares de prensa: «Hay muchos juristas de reconocido prestigio con más prestigio que usted. Aunque es bueno para la Justicia que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias».
En el PP no se entendió cómo se había permitido la presencia de De Prada en el Consejo después del daño que el partido considera que les hizo, y ahí se enmarca el SMS que hizo estallar la negociación –tras la renuncia de Manuel Marchena a ser candidato a la presidencia del Supremo–, el del senador Ignacio Cosidó a su grupo parlamentario cuando los políticos cuestionaron el acuerdo al que habían llegado Rafael Catalá y Dolores Delgado. En él el parlamentario defendía el control de la Sala Segunda «desde atrás».
Lo cierto es que es difícil para Podemos encontrar un candidato que defienda mejor que De Prada reformas como la que enarbolan los morados en el Congreso para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo en pro de la libertad de expresión. El juez se maneja con soltura en este campo y su trabajo no ha pasado desapercibido. Se opuso a juzgar al exconcejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por mofarse de las víctimas de ETA; rechazó que se juzgara a César Strawberry, por enaltecer a la banda terrorista y, junto con el hoy ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, se opuso a que un coronel retirado fuera condenado por llamar a Don Juan Carlos «genocida, putero, borracho y cabrón».
Puertas giratorias
De Rosell basta con recordar su paso por política para entender el veto del PP bajo el parámetro de la despolitización del Consejo. La carrera de Rosell ha estado marcada por las idas y venidas de la política a la judicatura.
Ha sido cabeza de lista de Podemos por Las Palmas para las elecciones generales hasta en tres ocasiones. La primera tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso tras la interposición de una querella del ministro José Manuel Soria por un caso que ella había instruido en Canarias. Volvió a presentarse en marzo de 2019, encabezando en esa ocasión la lista de Unidas Podemos por Las Palmas en las dos convocatorias electorales de ese año. Renunció al acta de diputada en enero de 2020 tras ser nombrada delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, cargo desde el que ha participado el anteproyecto de la ley del consentimiento sexual que el jueves tumbó el CGPJ cuestionando fondo y forma.