El CGPJ retomará los nombramientos si el acuerdo no llega antes del jueves
Cuando el Partido Popular accedió a sentarse con el PSOE a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tenía claro que lo hacía porque los socialistas se comprometían a cumplir las condiciones de Génova: el compromiso de despolitización del Poder Judicial y la garantía de que no se iban a sentar en el órgano de gobierno de los jueces perfiles identificables con Podemos. Las líneas rojas del PP eran José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, quienes han provocado el estancamiento de unas negociaciones que iban por buen camino.
Los socialistas contaban con que Podemos se iba a conformar con dos representantes próximos a su ideología en el órgano y que no se obcecarían con los dos jueces vetados por los populares, una estrategia que fuentes próximas a la negociación parece más encaminada a hacer saltar por los aires el acuerdo que a un verdadero interés por que sean esos dos vocales, y no otros menos significados, los que representen la ideología de la formación de Iglesias.
Pero ¿quiénes son los dos jueces que el PP no quiere en el próximo Consejo? ¿Por qué Génova ve incompatible el compromiso de despolitización del órgano con la presencia de estos dos representantes en el Poder Judicial? Pocos jueces hay tan marcados en la carrera judicial como aquel que ha pasado por la política (Victoria Rosell) o el que con sus resoluciones judiciales ha influido en ella, queriendo o sin querer. Y el caso de De Prada se enmarca, para el PP, en el primer supuesto.
Por tierra, mar y aire
Este magistrado es el artífice de los párrafos de la sentencia de Gürtel que motivaron la moción de censura a Mariano Rajoy en la primavera de 2018, en los que dio por probada la caja B del PP cuando ni siquiera se había celebrado el juicio. Podía haber sido una cuestión anecdótica, si no fuera por el exacerbado interés que el Gobierno tuvo entonces en meter en el Consejo a De Prada, primero en el cupo de jueces, y al fallar esta opción, por el cupo de juristas. Más aún cuando quien negociaba en aquel momento (noviembre de 2018) la composición del Consejo por parte del Ejecutivo era la actual fiscal general del Estado y entonces ministra de Justicia Dolores Delgado, que comparte con De Prada y Garzón, entre otros, una especial sensibilidad hacia la justicia universal. Y es precisamente en ese ámbito, en concreto en el Tribunal internacional de Sarajevo donde pilló a De Prada la renovación sin tiempo material para solucionar una situación administrativa que le impedía acceder al órgano (estaba en comisión de servicios).
De ahí que Delgado optara por el plan B: llevarlo como uno de los ocho voca
Las reticencias de los populares a la presencia en el Consejo del magistrado que participó en la sentencia de Gürtel viene de 2018: a los pocos meses de ese fallo el Ejecutivo le coló a última hora en el cupo de juristas tras no poder hacerlo en el de jueces
El próximo jueves 4 de marzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retomará la última tanda de nombramientos pendientes por parte del actual órgano de gobierno de los jueces. A partir de ese momento, la proposición de ley que el Gobierno ha impulsado en el Congreso a través de sus grupos parlamentarios se volverá ya como un bumerán contra el próximo Consejo porque, de aprobarse esos ocho nombramientos, las consecuencias que se desprenden de la reforma que pretende limitar las atribuciones de un Consejo en funciones repercutirían directamente sobre el próximo, el que están negociando Ejecutivo y PP, y no sobre el actual, que preside Lesmes. El Pleno ordinario que se celebró el jueves tomó la decisión unánime de paralizar los nombramientos previstos y que Lesmes se vio obligado a introducir en el orden del día a instancias de ocho vocales que se lo pidieron por escrito. Mientras hay vocales que son partidarios de paralizar ya los nombramientos (especialmente desde que se ha visualizado el acuerdo), otro grupo considera que hasta que no haya una renovación el Consejo no puede dejar de cumplir sus funciones constitucionales y que al igual que la Comisión Disciplinaria sigue sancionando, no hay razón alguna para que el Consejo no siga nombrando. Lo contrario dicen, alienta la imagen de politización.