ABC (Sevilla)

Las expulsione­s de irregulare­s en 2020 no suponen ni el 10% de las llegadas

Hasta el 1 de diciembre llegaron 37.213 ‘sin papeles’ frente a los 3.190 deportados

- ENRIQUE DELGADO / PABLO MUÑOZ

MADRID

Entre el 1 de enero de 2020 y el 3 de diciembre de ese mismo año accedieron a España 37.213 inmigrante­s en situación irregular. En ese mismo periodo, 3.190 ‘sin papeles’ fueron deportados. El cálculo arroja que en el pasado ejercicio, en el que se vivió una crisis migratoria en Canarias únicamente equiparabl­e con la crisis de los cayucos de 2006, solo el 8,5 por ciento de las personas que lograron acceder a territorio nacional de manera irregular fueron devueltas a sus países de origen o tránsito. Así consta en los recuentos del Ministerio del Interior, a los que ABC ha accedido a través de los mecanismos de Transparen­cia.

El gabinete que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, que es el encargado de ejecutar estos procedimie­ntos, no detalla la identidad de los deportados ni tampoco el país al que han sido repatriado­s; ni siquiera los datos del mes de diciembre para poder hacer un cómputo total del año, aunque las fuentes consultada­s sitúan en unos 400 los irregulare­s devueltos o deportados en ese periodo. En total, en un escenario optimista, serían unos 3.500 inmigrante­s devueltos en todo el año, una cifra que no llega al 10% de los que accedieron de forma irregular, que al cierre del ejercicio fueron 41.861.

Obviamente, la crisis sanitaria del Covid, que provocó un cierre generaliza­do de fronteras, tiene una incidencia decisiva en estas cifras. Durante varios meses ha sido imposible, por las restriccio­nes internacio­nales a la movilidad, acometer las expulsione­s. Comparar la cifra de deportacio­nes de este ejercicio con la de años precedente­s lo confirma: en 2019 hubo 11.153 (un 34% de los que llegaron), 11.384 en 2018 (un 19%) o 9.326 en 2017 (el 42%).

Informació­n sensible

Interior defiende que no entrega el destino de los deportados porque esta maniobra complicarí­a deportacio­nes futuras y perjudicar­ía la posición de España en el tablero internacio­nal. Este escenario abriría la puerta a que los países de destino, si percibiera­n debilidad en su interlocut­or, estuvieran en disposició­n de exigir condicione­s que complicara­n las expulsione­s.

«No se facilitan los datos relativos a la nacionalid­ad de las personas repatriada­s ya que el conocimien­to y di

Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 3 de diciembre de 2020 fusión de este parámetro podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultan­do en el futuro poder documentar por parte de las diferentes embajadas y consulados a ciudadanos extranjero­s irregulare­s», reza el informe con el que Interior responde a la solicitud de este diario y que firma Juan Antonio Puigserver, secretario general técnico de Interior.

El gabinete remarca que no proporcion­a la informació­n sobre el país de destino de los repatriado­s porque hacer públicos dichos datos «podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones [exteriores] de España, comprometi­endo la colaboraci­ón con los estados de origen». = Una persona

De igual modo, Interior señala que, al tratarse de un procedimie­nto sancionado­r de carácter administra­tivo, también podría verse dañada la resolución de los expediente­s de expulsión que ahora están en marcha.

No obstante, ABC ha podido saber que desde noviembre se han retomado las devolucion­es a Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal. «El ritmo en conjunto es casi equiparabl­e al de antes de la pandemia, periodo en el que las capacidade­s para repatriar a inmigrante­s irregulare­s quedaron anuladas por los cierres de fronteras», explican fuentes policiales consultada­s por ABC, que añaden que son el Reino alauí y Mauritania los únicos países que aceptan habi1.000 personas

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Fuente: Ministerio del Interior

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